A seis meses de la entrada en vigencia de la ordenanza del Régimen Contravencional de Emergencia Sanitaria Tandil (Covid-19), que prevé sanciones para los casos en los que se transgredan las normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia por el coronavirus, los Juzgados de Faltas 1 y 2 dictaron 13 sentencias condenatorias.A la hora de analizar el impacto de la normativa que aplica multas para actividades no autorizadas, como aquellas que estando habilitadas incumplan con los protocolos sanitarios y medidas de prevención o quienes no respeten el aislamiento en caso de diagnóstico positivo, en el tiempo en que se encuentra vigente, los inspectores y la policía labraron más de 120 actas de infracción.Sin embargo, de ese total,&nbsp;79 fueron tramitadas bajo los parámetros del régimen contravencional y las demás, si bien se concretó el acta de infracción, finalmente derivaron en otro encuadre, como, por ejemplo, el artículo 205 del Código Penal.En el ámbito de los juzgados, cada una generó un expediente con un número de causa y dio inicio a un proceso que incluye audiencia de defensa, medidas probatorias, notificaciones y citaciones, entre otras instancias.Todo ello determinó que actualmente se encuentren en trámite procedimental 55 causas, mientras que hay 24 que ya tienen sentencia. De ese total, 13 recibieron un fallo condenatorio, mientras que las 11 restantes no condenatorios, es decir, absoluciones, eximiciones, o extinción de la acción por el fallecimiento del presunto infractor, entre otras.Si bien no hay precisiones sobre el monto total que ingresó, los valores de las multas confirmadas oscilan entre los 50 mil y los más 275 mil pesos.El detalle&nbsp;En seis meses de vigencia del marco normativo, es decir hasta el 17 de julio, se labraron más de 120 actas de infracción por el presunto incumplimiento a las disposiciones contenidas en el texto.Las actas se realizaron mediante los operativos llevados a cabo por los inspectores de la Dirección de Inspección General y Habilitaciones y por los efectivos de la Policía Bonaerense, que asimismo elevaron las actuaciones a la Justicia Federal de acuerdo a lo que fija el artículo 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.Según un informe elaborado en función de los datos de aplicación de la normativa, del total de las actuaciones, el 65 por ciento demandó el efectivo tratamiento en los Juzgados de Faltas Municipales por encuadrarse formalmente en las disposiciones de la ordenanza municipal 17.079 y del Decreto – Ley 8.751/77 de procedimiento en la Justicia de Faltas.De acuerdo al sorteo que se lleva a cabo ante el ingreso de cada expediente, el 42 por ciento fue derivado al Juzgado de Faltas Municipal 1, mientras que el 58 por ciento restante recibió tratamiento en el Juzgado de Faltas Municipal 2.Una vez iniciados los procedimientos, cada una de las dependencias solicita la “confirmación de medidas preventivas y su notificación; la disposición por parte de los juzgados de alguna medida probatoria complementaria cuando la causa lo amerita; la correspondiente notificación y citación del presunto infractor para el ejercicio de su derecho de defensa otorgando los plazos legales para ello; y la producción de las medidas probatorias que pueda ofrecer cada imputado en caso de ser estimadas conducentes por el juez de Faltas interviniente”.Todo ese proceso determinó que actualmente se encuentren en trámite procedimental 55 causas, que representan el 69,62 por ciento de las actuaciones sometidas a estudio por ante los Juzgados de Faltas municipales, mientras que 24 ya tuvieron una “rápida sentencia”, cifra que representa el 30,38 por ciento de las actuaciones.En la mayoría de las que aún se encuentra en trámite se celebran las audiencias correspondientes con los tiempos que la aplicación de los protocolos por el Covid-19 demandan, a la vez que la actividad de las dependencias comunales continúa con otras causas que se inician por presuntas infracciones a otras normas, como las disposiciones de tránsito, SUMO, inspecciones comerciales, entre otras.CifrasA la fecha, ambas dependencias dictaron 13 sentencias condenatorias por incumplimientos a las disposiciones de la ordenanza municipal 17.079. En ese sentido, destacaron que 12 se encuentran firmes y en estado de cumplimiento o ejecución por parte de sus responsables, y sólo una fue apelada por ante el Juzgado en lo Correccional, cuya resolución se encuentra pendiente.Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno de la ordenanza que estableció el Régimen Contravencional especial aplicable en el partido de Tandil en el marco de la situación sanitaria vigente, los Juzgados de Faltas aplicaron y confirmaron “clausuras preventivas”, como así también impusieron “multas económicas” a sus infractores.&nbsp;De acuerdo a las escalas de graduación establecidas, los valores de las multas confirmadas oscilan entre los 50 mil y los más 275 mil pesos, algunas de las cuales ya fueron abonadas en su totalidad, otras parcialmente, y un último grupo aún está pendientes de cumplimiento por haber adquirido firmeza recientemente, y/o aguardan su eventual ejecución.El texto de la ordenanzaEl objeto de la ordenanza es instituir un régimen contravencional aplicable en el Partido de Tandil “a las conductas típicas que en la misma se establecen y en virtud de las normas obligatorias y vigentes dispuestas por el Estado nacional, provincial y municipal en razón del coronavirus y que se verifiquen ocurridas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada”.Los sujetos alcanzados, según el artículo tercero, son “toda persona humana y/o jurídica, residente o no en el Partido de Tandil, que incurra en una o más conductas típicas de las definidas en los artículos siguientes”.El artículo cuarto establece que las conductas típicas que se definen en el marco de la ordenanza serán sancionadas de conformidad con las disposiciones establecidas (sanciones de multa y/o clausura del establecimiento), que se verán agravadas en caso de verificarse reincidencia del infractor.El primer inciso refiere que, ante el incumplimiento de aislamiento obligatorio, la persona será sancionada con multa de entre cinco y 30 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).Los que organicen o realicen reuniones no permitidas serán sancionados con multas de entre 20 y 100 SMVM, lo mismo para quien difunda su celebración con ostensible propósito de convocar mayor concurrencia.En tanto, cuando alguna de las actividades descriptas en el párrafo anterior se lleven a cabo en un inmueble de propiedad privada, el propietario será sancionado con la misma pena establecida para el organizador.Si el organizador y el dueño es la misma persona, “la multa aplicable será de entre 35 y 100 SMVM”.Ante el incumplimiento de las medidas de prevención establecidas para las actividades económicas, deportivas, artísticas, culturales, religiosas, sociales y de carácter análogo se aplicará una multa de entre 10 y 30 SMVM y clausura de hasta 60 días.Y para los incumplimientos a las medidas de prevención y protocolos sanitarios y de funcionamiento para el desarrollo de la actividad comercial en restaurantes y bares y/o cualquier otra actividad similar permitida se multará con entre cinco y 50 SMVM y la clausura de hasta 90 días.Las multas se graduarán en función del Salario Mínimo Vital y Móvil municipal de referencia), equivaliendo cada unidad a un salario bruto correspondiente a un trabajador municipal ingresante de agrupamiento administrativo, categoría 4, régimen de 30 horas semanales.En el artículo décimo señala que el producido de las multas será destinado al financiamiento del Sistema Integrado de Salud Pública.La norma tendrá una vigencia temporal y su aplicación será válida exclusivamente mientras rija la declaración de la Emergencia Preventiva Sanitaria establecida por las autoridades nacionales, provinciales o municipales, en el marco de la pandemia.