Los argumentos del fiscal para pedir el desalojo por la fuerza

Según se confió a este Diario, la decisión del Ministerio público, acerca de la toma masiva en el barrio la calle Picchirili al 1000, devino del análisis del expediente donde se expusieron los informes del censo y demás acciones de los organismos que intervinieron en el Protocolo impulsado por disposición de la Suprema Corte, convalidado por el juez de Garantías interviniente, doctor José Alberto Moragas 

Precisamente el magistrado, frente a la petición del fiscal Luis Piotti, como también una presentación -con espíritu contrario-  de la defensoría a cargo de Diego Araujo, deberá resolver en los próximos días ante sendas posturas frente al conflicto con las 113 familias -un total de 280 personas- que se encuentran asentadas allí. 

Vale destacar que distintos organismos del Estado intervinieron en el censo que se realizó el pasado 17 de abril, con el objeto de contar con un diagnóstico certero de los ocupantes y, a partir de allí, allanar salidas posibles pacíficas, antes de proceder a un desalojo por la fuerza policial. Por otro lado, el Municipio presentó elaboró su propio informe, con conclusiones opuestas a la radiografía que suministró el reporte censal, apuntando sobre todo a la presunta carencia de ocupas en situación de calle.