El problema de utilizar metáforas o lugares comunes para abordar la realidad es caer en un disparate. Por caso, en la reciente sesión del Senado en la que se abordó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una senadora hizo mención a la espada de “Domacle” y un colega suyo consideró atinado que “todos empujemos el barco para llegar a buen puerto”.

Atento a estos antecedentes inmediatos, pensé bien antes de utilizar la siguiente frase, que es un lugar común: “hay familias que van a quedar en la calle”.

No es metáfora.

No es mentira.

Ni siquiera, exageración.

Diariamente veo en las redes sociales pedidos desesperados de familias buscando un lugar para alquilar, porque el contrato se les vence al mes siguiente o al otro y el propietario decidió no renovarlo o la cifra que pide es impagable.

Hay algunas variables: pareja con hijos, persona sola (generalmente mujer) con uno o dos hijos, algunos aclaran que tienen una mascota. Y también están los que mencionan hasta cuánto están en condiciones de pagar mensualmente.

Y no hay que estar muy informado para concluir que esas familias no van a encontrar nada de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que algunos –los más afortunados- irán a un monoambiente, otros -que tienen un familiar con disponibilidad de espacio- caerán en el hacinamiento. Y el resto irá a la calle.

Todos ellos están atravesando una situación para la cual es difícil encontrar un calificativo: preocupante, dramática, desesperante, angustiante, límite…

El diagnóstico lo sabemos casi todos: la crisis habitacional es un problema a nivel nacional, que en ciudades turísticas como Tandil se agrava doblemente porque cuenta con una Universidad adonde vienen jóvenes de la zona a estudiar y generan mayor demanda de alquileres.

La Ley de Alquileres vigente no fue una solución. Para algunos –incluso- agravó el problema. La actualización anual que estipula es difícil –por no decir imposible- de afrontar para familias trabajadoras, incluso de la economía formal. El porcentaje de actualización –basado en un mix entre inflación e incremento promedio de salarios- supera el 50 por ciento. Es decir que quien hoy tiene contrato y está pagando 25 mil pesos por mes, mañana –si se cumple el año- pasará a pagar más de 38 mil pesos. Renovar el contrato es, directamente, una utopía para gran parte de los casos.

En Tandil, poco menos de un tercio de su población alquila. Entre 30 mil y 45 mil personas están teniendo este problema o lo van a tener en poco tiempo.

Insisto con la no metáfora: el problema es afrontar el riesgo cierto de quedar en la calle.

Están quienes sostienen que toda intervención del Estado es nociva y hace “ruido” en el mercado. A manera de respuesta podría tomarse el caso que se viralizó hace un par de semanas, en el que la titular de una inmobiliaria ofrecía a un potencial inquilino la posibilidad de acceder a un departamento para dos personas como máximo, con un contrato por un año, renovable – y actualizable- trimestralmente, a un valor de 45 mil pesos por mes, con la condición de que en fines de semana largo, el inquilino se tenía que retirar o bien pagar un plus. Así funciona el mercado: se toma o se deja.

“Del otro lado”, hay quienes “le caen” al propietario, exigiéndole una solidaridad, una empatía, una comprensión y hasta una cuota de beneficencia que no tiene por qué tenerla. No pensemos en el inversionista que tiene 30 propiedades para alquilar. Centrémonos en aquellos que cuentan con una vivienda para dar en alquiler y con la mensualidad “hacerse de unos pesos” para vivir algo más holgados o pagar los impuestos o la cuota de un auto o lo que sea. ¿A ellos se les va a pedir no ya que dejen de ganar, sino que literalmente pierdan contra la inflación?

Por lo demás, ¿un impuesto o una tasa a la vivienda vacía va a solucionar el problema? A quien la tiene para especular con una posible venta, no le va a generar mayores problemas. Quien la tiene para alquiler temporario al turista, tampoco. Ambos cargarán el sobrecosto tributario al precio de venta o de tarifa.

Más temprano que tarde es el Estado el que va a tener que salir a buscar una solución inmediata –y ya se sabe que este tipo de soluciones no son tales, sino apenas parches para la situación y precariedad para los perjudicados- con ayudas en el pago de alquiler, interviniendo por los conflictos que genera el hacinamiento familiar o bien –y en casos extremos- ante una toma de propiedades ajenas.

Es decir, que el Estado –en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, en la medida de sus posibilidades, ya que las responsabilidades son compartidas- el que tiene que buscar una solución de fondo y atender la urgencia de miles de personas que entre este mes y los próximos dos años van a quedar en la calle.

Con sus aciertos o errores –que no pasan, unos y otros de lo parlamentario, como integrante del Concejo Deliberante y no de ningún Ejecutivo- el concejal Juan Arrizabalaga es el único que ha venido abordando la problemática desde que asumió su banca. La creación de la Oficina Municipal de Atención a Inquilinos posiblemente haya sido exitosa en dar respuesta a problemas de forma. El de fondo sigue sin solucionarse. Y ciertamente, no es solo de competencia municipal.

Para cientos de familias el futuro inmediato es aterrador.

No es metafórico.