El 8 de julio de 1942 el gobernador bonaerense Rodolfo Moreno firmaba el decreto de conmutación de penas de los anarquistas Pascual Vuotto, Reclús de Diago y Santiago Mainini, quienes habían sido condenados a cadena perpetua por un acto terrorista cometido once años atrás. Los tres eran militantes anarquistas. Los tres eran inocentes.

La idea de conmutarles las penas se le ocurrió al ministro de Gobierno de Moreno, un conservador llamado Vicente Solano Lima, quien años más tarde iba a ser electo vicepresidente de la Nación, en fórmula con Héctor José Cámpora.

Sacar a esos tres hombres de la cárcel donde habían sido enviados injustamente era un acto de humanidad. Pero no de justicia. Eso habría de llegar medio siglo después.

En el mediodía del 5 de agosto de 1931 en Bragado, una encomienda llegaba a la casa del senador conservador electo José María Blanch. Era un cajón de manzanas que había encargado. La fueron a recibir su hija y su cuñada. Cuando abrieron el paquete estalló una bomba que las mató al instante.

El país –gobernado por la dictadura de José Félix Uriburu- se vio consternado por la noticia. Había que buscar a los culpables a como diera lugar. A falta de datos, se impuso la “doctrina ideológica”: si la víctima era un conservador, los victimarios debían ser radicales. Fue así que primero atraparon a dos referentes locales de ese partido, Melchor Durán y a Juan Perutti. Pero una denuncia anónima los libró de culpa y acusó a tres anarquistas: el ferroviario Pascual Vuotto y los ladrilleros Mainini y de Diago.

A fuerza de torturas –que hasta motivaron la denuncia del médico de policía Francisco Macaya, quien fue desvinculado de la fuerza por falso testimonio- confesaron el crimen. A fines de diciembre de 1934 fueron condenados a reclusión perpetua en primera instancia. El fallo fue convalidado por la Cámara de Apelaciones de Mercedes y por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La Suprema Corte de la Nación se abstuvo de pronunciarse en torno a la causa.

Una campaña popular comenzó a bregar por la inocencia de “los presos de Bragado” y el caso llegó hasta organismos internacionales. Se los llamó “los Sacco y Vanzetti argentinos”. Desde su celda, Vuoto continuó exigiendo su inocencia y la de sus compañeros. Los organismos judiciales hicieron oídos sordos a todos los reclamos. La decisión llegó por la vía política, con el decreto de conmutación de penas, que no los liberaba de culpa, sino que achicaba sus condenas a 17 años de prisión y excarcelación bajo estricta custodia.

Vuoto siguió pidiendo un juicio justo hasta el día de su muerte, el 16 de febrero de 1993. Meses más tarde, a instancias del diputado socialista Guillermo Estévez Boero, el Congreso Nacional aprobó la Ley 24.233 como un acto de desagravio al nombre y la memoria de los tres obreros injustamente condenados. El por entonces presidente Carlos Menem no la promulgó, de manera que fue promulgada de hecho.

El 26 de marzo de 2015, la Legislatura bonaerense les condedió a Vuoto, Mainini y de Diago el título de ciudadanos ilustres pos morten como “un reconocimiento, homenaje y reparación histórica a aquellos militantes sindicales que sufrieron la persecución gremial, el enjuiciamiento fraudulento y la ignominia de un encarcelamiento ilegal e injusto”.

Bien vale preguntarse quién había sido el culpable del atentado a José María Blanch. Poco tiempo después del hecho, el jefe del Ferrocarril y rival político dentro del Partido Conservador, Rafael Chulivert, asesinó a su compañera y a dos hijos de ella y luego se suicidó. En una carta dirigida al juez, a la policía y a su familia pidió perdón por el triple crimen y además se adjudicó el atentado a Blanch. La carta fue ocultada por la policía y recién salió a la luz en 1985.

Un típico caso de revanchismo político, condena ideológica, complicidad policial, corrupción judicial, silencios interesados, tibieza de gobernantes y víctimas que murieron sin conocer justicia.

Pero ocurrió hace 80 años.

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