Cruces entre oficialismo y oposición en Bolivia por el golpe de estado de 2019

Áñez, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia tras la dimisión de Morales, su vicepresidente y los anuncios de resignación de sus cargos de los líderes las dos cámaras del parlamento, pero según la sentencia, publicada el viernes, en estos últimos casos las renuncias debían ser aprobadas por el pleno de las cámaras, lo que no se produjo hasta después de que la primera asumiera el poder.

De hecho, la asunción de Áñez se produjo en una sesión sin quórum.

“Ha hablado el TCP, la sentencia constitucional que se ha emitido y se ha notificado tiene un efecto final y vinculante”, declaró el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista en Bolivia TV, según la agencia de noticias Europa Press.

Para Lima, esta sentencia y las conclusiones del Ministerio Público que descartan fraude electoral en la reelección de Morales suponen el cierre del debate sobre si hubo o no un golpe de estado.

Áñez reaccionó con una carta al presidente Luis Arce, en la que calificó como un “absurdo inconcebible” que el gobierno niegue la legalidad de su gestión porque esta “fue refrendada por una declaración del TCP en enero de 2020” y por una ley sancionada ese mismo mes por el parlamento.

“Las arbitrariedades de su gobierno han llegado al punto de desconocer mi mandato como presidenta constitucional, un absurdo inconcebible”, sostuvo la exmandataria, según la agencia AFP.

El vocero de la coalición opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, afirmó que la sentencia forma parte de una “artimaña” para establecer la hipótesis de que existió un “golpe de estado”.

“Obviamente, como todo el aparato fiscal, judicial, tanto del tema constitucional como la justicia penal, está al servicio bajo los pies del Gobierno”, declaró Alarcón a la radio Erbol.

Para Alarcón, abogado constitucionalista, el TCP actuó de manera prevaricadora y dolosa “en connivencia con el expresidente Evo Morales y el actual gobierno del MAS para hacer creer a la opinión pública que la sucesión ipso facto automática, como se conoce, solamente se aplicaría al nivel del cargo presidencial”. (Télam)