El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta parte del futuro de su gestión en el referendo popular de hoy, que plantea cambios políticos y electorales de fondo, mientras las encuestas le dan al Sí una ventaja pero sin asegurar un respaldo contundente, en un país en el que están latentes las protestas sociales y el desánimo por las denuncias de corrupción.

En paralelo al referendo, los 13,4 millones de ecuatorianos habilitados podrán ejercer su voto en elecciones de autoridades provinciales y distritales, en las que tanto el Gobierno como las fuerzas de oposición, entre ellas las afines al expresidente Rafael Correa, también medirán hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.

La convocatoria supone un triunfo a medias de Lasso, porque él pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.

La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que la consulta es sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.

La primera de las ocho preguntas que figuran en una papeleta plantea quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones.

"¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?", es la primera pregunta, que para el mandatario es "una herramienta" para enfrentar el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que son centrales para Ecuador.

La extradición está prohibida en la Constitución vigente, pero "el referendo, al emanar del pueblo en las urnas, es mandatorio, incluso está por encima de la Constitución", explicó a Télam Andrés Jaramillo, especialista en comunicación y marketing político y exsecretario de Comunicación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.

La segunda pregunta es sobre la propuesta del Gobierno de crear un Consejo Fiscal que reemplace al actual Consejo de la Judicatura y seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales.

Para la campaña del No -que agrupa al correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación-, esta es una estrategia del Gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no.

La pregunta tres es sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150 si, como manda la Constitución, se tiene en cuenta el crecimiento demográfico.

La intención del Ejecutivo es que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre una representatividad más equitativa, porque considera que actualmente están sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.

El cuestionario se mete en el punto cuatro con los partidos políticos, para los que quiere establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, apuesta a reducir los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son sellos funcionales a candidatos sin estructura propia.

La pregunta cinco propone traspasar a la Asamblea Nacional las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fue creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral. (Télam)