El gobierno mexicano busca la designación directa de la Corte

El oficialismo acusa al máximo tribunal de anular leyes votadas en el Congreso y la oposición señala al Ejecutivo por buscar concentrar competencias.

La iniciativa del mandatario Andrés Manuel López Obrador fue comunicada en su conferencia de prensa diaria, luego de que el máximo tribunal anulara el lunes pasado algunas partes de una reforma impulsada por el oficialismo que flexibilizaban restricciones en los procesos electorales, de cara a las presidenciales de 2024.

Sin meterse en la cuestión de fondo y argumentando violaciones en la forma en que se dio el trámite legislativo, nueve de los 11 jueces de la Corte invalidaron cambios a dos leyes que regulaban la participación de funcionarios en campañas y la propaganda oficial.

Concretamente, anularon las modificaciones aprobadas en diciembre pasado que permitían a los funcionarios manifestarse durante las campañas “en uso de su libertad de expresión”, y ampliaban la posibilidad de promocionar la gestión del Gobierno durante el tiempo previo a una elección.

A juicio de la oposición, estos cambios habilitaban al Gobierno para interferir en los procesos electorales e inclinar la balanza a su favor, si bien la izquierda se perfila como favorita para mantenerse en el poder, mientras que para el Gobierno la reforma electoral fortalece la democracia y el fallo de la Corte contra algunos de sus artículos constituye una “violación constitucional”.

“El artículo 17 de la Constitución es el que regula el acceso al derecho a la Justicia, y en el párrafo tercero señala claramente que el deber de los tribunales es resolver el fondo de las controversias y no los formalismos. Entonces, la decisión de la Corte viola esta disposición constitucional”, manifestó a Télam el diputado Hamlet García Almaguer, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Tendrían que haber analizado tanto la forma como el fondo de la discusión. Cuando se limitan solo a la forma se involucran en normas que desde nuestra perspectiva no pueden ser objeto de control constitucional, como los mecanismos de deliberación del Congreso”, añadió el legislador, que además es abogado especializado en derecho constitucional y electoral. (Télam)