Gabriel Boric apunta a Piñera por contratos con irregularidades
El Gobierno chileno responsabilizó a la gestión de Sebastián Piñera por el sistema de traspasos directos de dinero a fundaciones cuyos integrantes tienen vínculos con partidos políticos del actual oficialismo.

El Gobierno de Piñera “dejó totalmente programado el 2022” en relación con los montos y convenios entre organizaciones y el Estado, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ante el Senado.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailMontes expuso en una sesión de la Comisión de Vivienda del Senado sobre el mecanismo que utilizó la cartera para suscribir convenios con fundaciones privadas, donde afirmó que los traspasos directos desde el Ejecutivo a las fundaciones comenzaron en 2019.
“El Gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022, todos los gastos que están en cuestión vienen del Gobierno anterior”, afirmó Montes.
Según el ministro de Vivienda, los montos y convenios, que hoy en día están en entredicho por el “Caso Convenios”, habrían sido aprobados por la administración de Piñera.
El “Caso Convenios” estalló en Chile producto de una investigación periodística del Timeline, de Antofagasta, que reveló que la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta firmó tres convenios por una suma equivalente a medio millón de dólares con la Fundación Democracia Viva, que dirige Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, ambos de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición de gobierno.
El hecho originó una investigación de oficio por parte de la Fiscalía de Antofagasta y el Gobierno indicó que dicha fundación deberá devolver los recursos asignados.
Luego, la Contraloría General de la República (CRG) determinó congelar los contratos entre fundaciones y ONGs con el Estado.
A raíz de este caso, el Gobierno chileno creó una comisión de expertos que procurará establecer un “nuevo trato” con instituciones privadas sin fines de lucro, a fin de garantizar “la probidad y la integridad” en contratos públicos.
Montes remarcó, ante el Senado, que el Gobierno de Gabriel Boric comienza a “dar delegación” el primero de enero de 2023, lo cual se ha “traducido en dos proyectos”, y agregó que los casos en entredicho habrían tenido la firma de la administración anterior.
Cabe señalar que el ministro de Vivienda y Urbanismo ha estado en el ojo del huracán en el último tiempo por el “Caso Convenios”, donde la oposición chilena ha presionado para que deje su cargo. (Télam)