Gremios ecuatorianos amenazan con protestas contra las reformas

La medida del presidente Guillermo Lasso disuelve el Parlamento y le permite gobernar por decreto. La advertencia fue lanzada para el caso de que el Ejecutivo busque avanzar con una reforma laboral, como anunciaron algunos funcionarios.

El presidente del FUT, José Villavicencio, hizo el anuncio de la Convención “para definir acciones”, pero dejó en claro que hasta esa fecha la dirigencia se mantendrá “en reunión permanente para observar los decretos-ley que emita el Gobierno”.

Tras la disolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Lasso puede gobernar por decreto y el Gobierno ya anunció que dispondrá varias normativas en materia económica, de previsión social, laboral y energética.

“Si esos decretos-ley atentan contra los intereses de los trabajadores y del pueblo, inmediatamente, nosotros convocaremos a acciones”, adelantó Villavicencio.

El jueves, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, advirtió que Lasso estaba “decidido a aprobar, a través de lo que le confiere la Constitución, leyes que no fueron tratadas por la Asamblea”, una de ellas la reforma laboral.

Si el Ejecutivo se decide a enviar una reforma al Código del Trabajo a la Corte Constituyente (CC), que debe dar el visto bueno a cada decreto de este periodo excepcional, debe enmarcarlo en un proyecto económico urgente.

Pero, además, la próxima AN que surja de las elecciones de agosto debe derogar o ratificar estos decretos-ley.

Lasso ya intentó cambios laborales en septiembre de 2021, a través de la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal que envió al legislativo.

Proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo, pero la AN devolvió la iniciativa al Ejecutivo.

Según adelantaron algunos ministros y reseñaron medios quiteños, otros proyectos que el Gobierno intentaría sacar por decreto apuntan a la creación de zonas francas, a modificar la legislación en materia de petróleo para favorecer el ingreso de capitales privados y a dar sostenibilidad financiera del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (Télam)