El cuerpo atraviesa la semana final de redacción y votación de normas para el borrador de la nueva constitución. La norma referente a los estados de excepción establece que solo podrán decretarse en caso de “conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública” y aclara que, tanto su declaración y su posible renovación, “respetará los principios de proporcionalidad y necesidad, y se limitarán, tanto respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional”. El artículo, que había sido previamente rechazado de forma general, fue aprobado por 106 votos (necesitaba 103), 33 en contra y 12 abstenciones. La nueva norma busca reforzar la “normalidad constitucional”, según explicó el convencional Ricardo Montero (Partido Socialista), quien agregó: “No podemos seguir acostumbrándonos a que todo es excepción constitucional”, en referencia al extenso estado de excepción declarado con la llegada de la pandemia, en marzo de 2020, y que terminó en septiembre de 2021. El artículo aprobado en su mayoría por el sector oficialista también busca dejar de lado los estados de excepción aplicados en la macrozona sur, ya que, según la convencional Rosa Catrileo, representante del pueblo mapuche, es muy importante “que se abandone esta doctrina porque ha sido precisamente a través de ella que se ha criminalizado las demandas mapuches y se ha militarizado el Wallmapu con Carabineros y militares declarando de facto enemigos internos”. La Nueva Carta Magna, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida, establecerá así de manera explicita las situaciones en las que se podrá declarar estado de excepción, lo que permitirá regular su aplicación y por consiguiente las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el artículo sobre las policías se aprobó con 109 votos a favor, 33 en contra y 11 abstenciones. Consigna que son competentes “en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”. (Télam)
