Medios y organizaciones exigen a Delcy Rodríguez el fin de la censura y bloqueos digitales

Bajo la consigna “Venezuela tiene derecho a expresarse”, un conjunto de 38 medios de comunicación, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades firmaron el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”. La iniciativa exige el levantamiento inmediato de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra diversos sitios web.

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La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la difusión de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra.

Los promotores, encabezados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), instaron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a implementar cambios concretos. Entre los reclamos principales se encuentran la libertad plena para las personas detenidas por razones de opinión, el fin de los procesos judiciales contra trabajadores de prensa y la devolución de pasaportes anulados y bienes expropiados.

“Buscar, recibir y difundir información libremente es un derecho”

El documento también aboga por la derogación de normativas como la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la Ley de Fiscalización de ONG y la Ley Simón Bolívar. Esta última, promulgada en noviembre de 2024 por Nicolás Maduro, contempla penas de hasta 30 años de cárcel para quienes respalden o promuevan sanciones contra el país.

Respecto a la institucionalidad, el manifiesto sostiene que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debe dejar de funcionar como un instrumento de control y convertirse en un organismo técnico y autónomo. Asimismo, los firmantes señalaron que los medios públicos deben garantizar información plural y abandonar el uso para propaganda partidista o persecución.

Aunque Delcy Rodríguez anunció un “nuevo momento político” y estableció mesas de trabajo con periodistas a través del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, los impulsores de la iniciativa denunciaron que ninguna de sus demandas ha sido atendida a cabalidad.

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