VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Para la ONU, Perú “restringió indebidamente” las protestas
La oficina para los Derechos Humanos concluyó que las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas desatadas en diciembre de 2022.
“Las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes”, indicó el informe de la agencia con sede en Ginebra, Suiza.
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“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral”, agregó.
Las fuerzas de seguridad “hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos”, detalló la ONU en un informe publicado en su página web.
Además, en el documento se reporta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes.
La investigación, que analiza la conducta de las fuerzas de seguridad entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 instó también a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 50 personas muertas y 821 heridas en el contexto de la represión a las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022 cuando la presidenta Dina Boluarte asumió el poder, luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso después de que este intentara disolver el Legislativo y formar un Gobierno excepcional.
Las autoridades abrieron investigaciones penales contra 241 personas, de las cuales 221 quedaron archivadas por falta de pruebas.
El Gobierno peruano, por su parte, facilitó apoyo económico a 266 personas, de acuerdo con el organismo internacional.
La Fiscalía abrió también 45 expedientes para investigar los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas y el jefe de Derechos Humanos de la ONU cree que es momento de que los responsables de violaciones rindan cuentas "a través de procedimientos judiciales justos". (Télam)