Periodistas peruanos rechazan un posible aumento de penas
Los periodistas peruanos, a través de organizaciones gremiales, comenzaron a ejecutar acciones contra un proyecto de ley que aumenta las penas por difamación.
La iniciativa avanza en el Congreso pese a que diversos sectores lo definen como una intimidación contra la labor profesional, en medio de diversas denuncias periodísticas contra legisladores.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl proyecto, que establece multas y aumenta de dos a cuatro años la cárcel para una presunta difamación, “es claramente un amedrentamiento a la prensa, que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por congresistas”, afirmó Roberto Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Las acciones gremiales van desde concentraciones frente a la sede del Congreso hasta un pedido formal para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte objete la medida en caso de que, como se teme, sea aprobada por el Legislativo en una segunda votación prevista para la próxima semana.
“Este proyecto pretende darles un escarmiento a los periodistas. He escuchado a varios congresistas que dicen que no tiene nada que ver con la actividad periodística, que no va a afectar a la libertad de prensa, y me pregunto si han leído el dictamen”, comentó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laines.
“Hemos analizado a profundidad y el dictamen hace al menos tres menciones expresas al trabajo periodístico en medios de comunicación, en redes sociales, en páginas web. Hay un empecinamiento que no comprendemos”, agregó Laines en la radio RPP.
Partidos de derecha como Renovación Popular (RP), de centroderecha como Acción Popular (AP) y de izquierda como Perú Libre (PL) apoyan el proyecto, aprobado en primera ronda por 69 votos contra 28.
La ANP, el IPYS, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión encabezan la lucha contra el proyecto, que avanza en un contexto en que los medios denuncian a diario irregularidades cometidas por un Congreso, rechazado por hasta 90 por ciento de la ciudadanía, según las encuestas.
Los destapes más recientes, que involucran a diferentes partidos, tienen que ver con la exigencia de que trabajadores de la institución cedan obligatoriamente parte de sus salarios a los congresistas que los contrataron. (Télam)