Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Desde las primeras horas, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El balance al cierre de la jornada fue estremecedor: 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos.

La operación comenzó antes del amanecer con bloqueos vehiculares en autopistas y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron las favelas desde la noche anterior, mientras vehículos blindados rompían barricadas de neumáticos incendiados. Drones detectaron movimientos y guiaron el avance de 2.500 agentes por las callejuelas estrechas.

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas, además de desplegar una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, y diez vehículos de demolición para abrir paso en rutas obstruidas.

El principal objetivo era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, Doca acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Está vinculado con la coordinación del narcotráfico en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, así como con ataques a delegaciones policiales en 2025. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.

“El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha sido especialmente implacable en su política contra el Comando Vermelho. Este ataque fue, según fuentes locales y la propia prensa brasileña, el más letal contra grupos criminales en la historia de la ciudad. Tres de las cuatro operaciones con más muertos han ocurrido durante su mandato”, explicó Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, a Infobae.

Dalby añadió: “Durante años, ‘Doca’ ha sido el arquitecto de la expansión violenta del grupo criminal hacia otras favelas y también hacia otros estados, donde mantiene conflictos con las milicias, organizaciones criminales vinculadas a sectores de la ultraderecha brasileña y formadas en muchos casos por policías y militares en activo o retirados. ‘Doca’ es, sin duda, uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro”.

El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel de Río, se ha transformado en una estructura de alcance nacional y es considerada una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil. Opera con una red descentralizada: capos en cárceles, lugartenientes en favelas y soldados que controlan los puntos de venta, junto a una sofisticada red de lavado de dinero. Su poder se sustenta tanto en el narcotráfico como en el control territorial de zonas donde el Estado históricamente ha estado ausente.

De acuerdo con la fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado, el complejo de Penha y Alemão constituye “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas” por su cercanía a autopistas y accesos logísticos de la ciudad. El gobernador Castro calificó la acción como una “guerra” y afirmó que Río está “sola en este enfrentamiento”. Señaló que el narcotráfico cuenta con armamento de redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron hasta tres veces su pedido de apoyo con blindados.

Mientras tanto, la población del norte de Río vivió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de tiros, granadas lanzadas desde drones insurgentes, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos, y doce líneas de colectivos cambiaron su itinerario. Comercios cerrados, transporte ausente y aulas vacías definieron la jornada de tensión, miedo y parálisis.

En este contexto, vuelve a plantearse un dilema clásico de las operaciones en favelas: la frontera entre el combate al crimen y la vulneración de derechos ciudadanos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente este tipo de intervenciones. En septiembre de 2025, Human Rights Watch advirtió que un proyecto de ley aprobado en Río podría establecer incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, creando “un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar”.

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