“Estos meses detenido me hicieron pensar mucho, buscar entender qué pasó, quién quería la muerte de mis padres, quién se beneficiaría con sus muertes y la respuesta Sres. Fiscales, aunque duela es una sola, es Diego Enrique Del Río quien se benefició con la muerte de ellos”, afirmó el imputado de 48 años en referencia a su hermano, un año mayor que él.

El párrafo está incluido en el escrito que su abogada, Mónica Chirivin, presentó hace unos días en oposición al requerimiento de elevación a juicio que el 17 de julio último formularon los tres fiscales de la causa, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.

La defensora volvió a cuestionar toda la investigación de los fiscales que investigan el caso, a quienes acusó de exponer “una versión errada y antojadiza de los hechos”, de ser “amos y señores” de la prueba y de estar “ensañados en incriminar” a su cliente, e incluso comparó la instrucción con la del “caso María Marta García Belsunce” donde, recordó, “no hay ningún condenado”.

Chirivin enumeró 18 fundamentos a partir de los cuales cree que no debería prosperar el juicio oral y le pidió al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que Del Rio sea sobreseído.

Uno de esos puntos, el décimo, es donde transcribe textualmente un duro escrito presentado por el propio imputado para que los fiscales investiguen como autor del homicidio de sus padres, José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72), a su hermano Diego, algo que ya había sugerido en una de sus declaraciones indagatorias.

“Mi hermano Diego no tenía la mejor de las relaciones con mis padres ni conmigo. Él nunca quiso involucrarse en los negocios de mis padres y míos, pero sí siempre pretendió ser beneficiado con el producido del mismo”, señaló.

Dijo que su hermano -quien entre otras cosas fue uno de los primeros en reconocerlo como el “caminante encapuchado” captado en los videos clave- “no ha sido sincero al declarar en esta investigación” y que se encargó de ponerlo “en el lugar de autor material del hecho”.

Además, lo acusó de colocarlo “en una situación de asfixia económica” porque desde que está preso no percibe “un peso más” y no tiene dinero para contratar peritos ni pagarle a su defensa. (Télam)