La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo continental.

La presentación solicita la apertura de una investigación preliminar y pone bajo análisis la integridad y transparencia de la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, en un contexto en el que ya existen investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial.

Sociedades, bienes y presuntos testaferros

Según la denuncia, respaldada en documentación oficial y expedientes judiciales abiertos en la Argentina, existiría un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que comprometerían los estándares de buena gobernanza exigidos por la Conmebol a sus asociaciones miembro.

Uno de los ejes centrales es la investigación judicial sobre la sociedad Real Central S.R.L., integrada formalmente por Luciano Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada y beneficiaria de asistencia social estatal. De acuerdo a la presentación, la firma habría sido utilizada para la tenencia y administración de bienes de altísimo valor económico que no se corresponden con la capacidad declarada de sus titulares.

Entre los activos figura una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alta competencia y una colección de vehículos de lujo y automóviles clásicos.

La denuncia detalla que el inmueble fue adquirido en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez, pasó en junio de 2023 a manos de Malte S.R.L., proveedora oficial de la AFA, y menos de un año después fue transferido a Real Central S.R.L. Los socios de esta última fueron señalados en la causa judicial como presuntos testaferros. Además, las expensas y gastos de mantenimiento figuraban a nombre de Wicca S.A.S., sociedad vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al exdirector general ejecutivo del organismo, Juan Pablo Beacon.

Contrataciones y conflictos de interés

Otro punto señalado es la contratación directa de Malte S.R.L. por parte de la AFA. Según el Boletín N.º 6089 de la entidad, fechado el 25 de marzo de 2022, la empresa fue contratada por un monto aproximado de 550 mil dólares para finalizar la instalación del sistema VAR. Aunque el documento oficial destaca su trayectoria como proveedora oficial, la denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.

Para la senadora, esta concatenación de contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor plantea “serios interrogantes en materia de conflicto de intereses, falta de transparencia y cumplimiento de los deberes fiduciarios” de los dirigentes de una federación miembro de la Conmebol. 

Crecimiento patrimonial y causas judiciales

La presentación también subraya el crecimiento patrimonial de Real Central S.R.L. Informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial señalan un incremento exponencial de los activos de la empresa, que declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de automóviles clásicos. En los procedimientos judiciales se secuestraron 45 autos de lujo, siete motocicletas de alta cilindrada y dos kartings registrados a nombre de la sociedad.

En paralelo, la denuncia menciona una causa judicial federal vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con Claudio Tapia, en la que se realizaron más de treinta allanamientos en sedes de la AFA y clubes de fútbol. La investigación involucra a 17 clubes y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal mediante préstamos sobredimensionados.

A estas causas se suman observaciones administrativas de la Inspección General de Justicia, que detectó ocho años de estados contables sin aprobación en la AFA y más de 111 millones de dólares sin adecuada justificación contable. Además, la Dirección General Impositiva presentó denuncias por presunta apropiación indebida de tributos y contribuciones por un monto superior a siete mil millones de pesos.

Pedido a la Conmebol

La denuncia sostiene que el Tribunal de Ética de la Conmebol es plenamente competente para intervenir y que su actuación es independiente de las investigaciones judiciales y administrativas en curso. En ese marco, solicita la apertura de una investigación preliminar, la evaluación de las conductas denunciadas y la eventual aplicación de sanciones disciplinarias si se acreditan las violaciones señaladas.

Bullrich dejó constancia de que la presentación podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos elementos probatorios, resoluciones judiciales o informes administrativos durante el avance de las investigaciones.

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