Además, otras dos que admitieron haber estado con él el día que desapareció permanecían prófugas, tras 18 allanamientos simultáneos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense y de Capital Federal.

Los detenidos fueron identificados por las fuentes como Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Luis Alberto Contreras y Flavia Lorena Bomrad, mientras que los prófugos son Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, las dos últimas personas con las que “Lechuga” Pérez Algaba (41) tuvo contacto el 18 de julio último en el predio “Renacer” de General Rodríguez.

A los acusados, el juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, les imputó el homicidio cuádruplemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego, con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Además, a tres de ellos -Pilepich, Vargas y Contreras- se les imputa, en concurso real, el delito de falso testimonio a raíz de sus dichos al ser convocados al declarar en el inicio de la investigación.

En un principio, de acuerdo a la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam, Monelos había hecho lugar a cinco de las siete detenciones solicitadas por el fiscal 5 de Lomas de Zamora, Marcelo Domínguez, ya que otras dos -entre ellas la de la gestora Bomrad y la de un subcomisario de la Policía de la Ciudad- habían sido denegadas por falta de pruebas.

Finalmente, la gestora fue también detenida porque durante un allanamiento que se realizó en su vivienda, en el partido de Morón, se secuestró un Ford Mondeo de su propiedad en el que se hallaron rastros de sangre, pelos y un aro que, se presume, pertenecía a la víctima.

Para fundamentar los pedidos de arresto, el fiscal hizo hincapié en pruebas basadas en análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.

El móvil

Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario Pérez Algaba fue una deuda por 50 mil dólares y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio de General Rodríguez a encontrarse con él.

Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, “Lechuga” reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.

En el mismo escrito -al que tuvo acceso Télam-, el representante del Ministerio Público expresó que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía “una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos”, e incluso hace mención a un antecedente en el que el ahora acusado “le había efectuado disparos de arma de fuego” hacia la víctima, aunque sin herirlo, en el mismo campo de General Rodríguez.

En un primer tramo de su acusación, el fiscal sostiene el agravante de un homicidio por “codicia” al entender “que existía una acreencia de la víctima para con Maximiliano Pilepich” y que el crimen ocurrió “luego de suscribir un documento de reconocimiento de deuda en una escribanía”.

A su vez, explica que “la principal tesis de investigación, que la colecta de elementos convictivos ha arrojado, consiste en que el día 18 de julio del corriente, en horario de la tarde, la víctima de autos se había dirigido a cobrar una deuda que tenía con el imputado Maximiliano Pilepich, de la que iba a cobrar un primer pago de veinte mil dólares, dirigiéndose al predio ‘Renacer’ en la localidad de General Rodríguez, en la intersección de las calles Las Américas y Ruta 6 de la mencionada localidad, movilizándose en un vehículo marca Range Rover Evoque color blanco, dominio LUA 048, donde también se encontraría con Nahuel Sebastián Vargas o bien habría viajado con el mismo desde el inicio del trayecto”.

Domínguez señala que “dicha deuda había sido documentada mediante una transacción privada que pactaron Pilepich y Pérez Algaba, la plasmaron en un instrumento privado y fueron a certificar las firmas estampadas en el mismo a la escribanía Cerrato de la localidad de Castelar”. (Télam)