Debaten para incrementar las penas a quienes corran picadas
La Cámara de Diputados arrancó con el debate de proyectos de ley para sancionar con pena de prisión e inhabilitación para conducir a quienes corran “picadas” o pruebas de velocidad ilegal.
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El tema se intensificó en el marco de una campaña de organizaciones de la sociedad civil para combatir el flagelo perpetrado por homicidas viales que cada año se cobran 7.000 vidas.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEn la comisión de Legislación Penal se abordaron los proyectos de ley “Tahiel” y “Kevin”, que buscan modificar el Código Penal de modo tal de perseguir a conductores y organizadores de picadas, aplicándoles una pena incluso antes de que maten, con el objetivo de reducir los homicidios viales.
La “ley Tahiel” tiene como autor principal al expresidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, mientras que la “ley Kevin” es una iniciativa de la diputada nacional del PRO María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once.
Durante el encuentro expusieron la propia Rey, Noemí Contreras (madre de Tahiel Contreras, el niño de seis años asesinado el 13 de septiembre de 2020 que fue atropellado y asesinado en el marco de una picada en Gregorio Laferrere), Viviam Perrone (madre de Kevin Sedano, adolescente que tenía 14 años cuando en 2002 fue asesinado a metros de la Quinta de Olivos) en representación de la Asociación Civil Madres del Dolor, y el abogado especializado en siniestros viales Natalio Nicodemo.
El proyecto de “ley Kevin” establece que “será reprimido con prisión de nueve meses a cuatro años e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena, el conductor que participare en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.
También detalla el texto que “la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare dicha conducta, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, con conocimiento que será utilizado para ese fin”.
Asimismo, la iniciativa especifica que “si las conductas descriptas fueran llevadas a cabo en una zona urbana, serán reprimidas con prisión de 2 a cinco años, e inhabilitación especial para conducir por el triple del tiempo de la condena”.
Las penas suben a entre 8 y 25 años, e inhabilitación de por vida para conducir cualquier tipo de automotor para los casos donde hubiera víctimas fatales.
El debate
Durante su intervención en la comisión, Noemí Contreras señaló que el 13 de septiembre se cumplirán dos años de la trágica muerte de su hijo Tahiel Contreras, y señaló que pese a estar junto a su marido “muertos en vida” están luchando para “transformar el dolor” en algo positivo para evitar que a otras personas le sucedan lo mismo en el futuro.
“Los responsables están detenidos y estamos esperando la fecha del juicio”, precisó la mujer, que destacó el proyecto de ley impulsado por Massa porque “crea el delito de homicidio vial” y “propone que el desprecio a la vida tenga el mismo castigo en el Código Penal”.
Por su parte, Perrone coincidió en que el objetivo es “poder salvar vidas y evitar que otras personas estén en nuestro lugar”.
Señaló que las “Las muertes viales son muertes por goteo” ya que “todos los días muere entre 15 y 20 personas” en el país, siendo “todos hechos evitables y prevenibles”. NA