Diputados tratará la reforma de la ley de Inocencia Fiscal para incentivar el blanqueo de capitales
El oficialismo buscará acuerdos con bloques dialoguistas para avanzar con el proyecto que busca incorporar al sistema financiero los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
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La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno. El objetivo central es lograr que más contribuyentes incorporen los dólares que actualmente se encuentran fuera del sistema financiero.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailTras las vacaciones de invierno, el bloque de La Libertad Avanza buscará sellar acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. La intención es repetir el respaldo obtenido en diciembre pasado. Para ello, las negociaciones serán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.
El oficialismo cuenta con 95 legisladores y requiere alcanzar los 129 para abrir el recinto y sancionar la ley. En este sentido, resulta clave el apoyo de los 36 legisladores que integran Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad, además de la posible suma de cuatro integrantes de Provincias Unidas.
Aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares. Ante la persistente desconfianza de algunos sectores para ingresar sus ahorros al sistema, el Gobierno propondrá que todos los contribuyentes puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, eliminando los límites actuales de ingresos anuales y patrimonio.
Asimismo, el proyecto contempla elevar del 15 % al 30 % el piso de discrepancia entre ingresos y bienes declarados para que se activen las revisiones de ARCA. Por su parte, Unión por la Patria, a través de una iniciativa del diputado Eduardo Valdes, busca prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares utilicen este régimen, tras el escándalo por el crecimiento patrimonial del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.