El 24 de marzo comenzó a definirse el futuro judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un local nocturno en Ipanema, Río de Janeiro. Desde hace dos meses, la joven permaneció en Brasil bajo el régimen de arresto domiciliario mientras avanzó el proceso penal en su contra.

Según explicó su abogada, Carla Junqueira, en esa fecha se realizará la audiencia de instrucción y juzgamiento, instancia que marcó el inicio formal del debate. El caso contra Páez se originó a partir de la viralización de un video en el que la mujer realizó gestos vinculados a los primates y gritó insultos a los empleados de un bar. Por este hecho, se abrió una causa por injuria racial, una figura legal que en Brasil sanciona con severidad los actos discriminatorios.

La defensa y el pedido de disculpas

En su descargo, Páez manifestó que su reacción fue producto de una supuesta estafa sufrida junto a su grupo de amigas, a quienes les habrían reclamado pagos ya efectuados, y alegó haber recibido gestos obscenos por parte del personal del establecimiento. No obstante, en la última semana, la imputada publicó un video en su cuenta de Instagram donde se mostró arrepentida.

“He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”

señaló la joven santiagueña a través de un mensaje público. Durante la audiencia prevista para marzo, se espera la declaración de la acusación, la querella y, finalmente, la defensa, aunque Junqueira aclaró que su defendida no está obligada a responder preguntas.

Posibles penas y el escenario judicial

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en que la fiscalía sostuvo en su acusación la existencia de tres hechos distintos de injuria racial. Esta postura se basó en el video viral, testimonios de las víctimas y grabaciones internas del bar. Bajo la figura del concurso material, la justicia brasileña podría sumar las penas de cada episodio.

La abogada defensora detalló que, si bien la pena máxima para cada delito es de cinco años, lo que sumaría un total de 15 años, es poco probable que se aplique el máximo a una persona sin antecedentes. Sin embargo, advirtió que la pena mínima para cada hecho es de dos años. De confirmarse los tres delitos en su escala mínima, la condena alcanzaría los seis años de prisión.

“Para que la pena sea excarcelable tiene que ser menor de cuatro”, indicó la letrada, lo que coloca a Páez en una situación delicada, ya que de ser hallada culpable por los tres cargos, la sentencia sería de cumplimiento efectivo. En Brasil, los delitos de racismo no permiten la aplicación de acuerdos de no persecución penal, motivo por el cual el proceso debió seguir su curso hasta la instancia de juicio oral.

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