La Defensoría del Pueblo le exige al Renaper informar los plazos reales de entrega del DNI
El organismo nacional inició una investigación de oficio ante las reiteradas quejas por retrasos que superan los 60 días y solicitó que se brinde información clara para no afectar el acceso a derechos esenciales.
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La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que mejore las comunicaciones en sus canales oficiales, asegurando que la información sea clara, veraz, completa y actualizada. El pedido se centra especialmente en los plazos para las distintas modalidades de tramitación del DNI, que actualmente presentan más demoras de lo que se indica oficialmente.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa recomendación busca que se tomen las medidas adecuadas para brindar información certera y permitir a los ciudadanos conocer el tiempo real que demorará su trámite. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una investigación de oficio debido al creciente número de consultas recibidas por largas demoras en la tramitación del documento desde comienzos de este año.
Según indicaron desde el organismo, los plazos están superando ampliamente los habituales para completar la tarea. La situación afecta a todos los tipos de trámites, ya sea el primer ejemplar, su renovación o reposición, con especial énfasis en la modalidad exprés. En algunos casos, la tardanza llegó a superar los 60 días en la modalidad regular y 15 días en la rápida.
Esta discordancia entre los tiempos comunicados y los verificados en la práctica representa un obstáculo para el acceso a la documentación esencial. La posesión del DNI resulta indispensable para el ejercicio de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así como para realizar trámites administrativos, especialmente cuando el ejemplar anterior es anulado automáticamente al solicitar uno nuevo.
Si bien el RENAPER atribuye las demoras a un proceso de modernización tecnológica y a la incorporación de nuevas modalidades documentarias, la Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que esa transición no puede implicar una afectación indefinida de los derechos. Remarcaron que el organismo debe garantizar la continuidad del servicio y cumplir con los plazos que difunde.
Finalmente, subrayaron que el principio de buena administración exige que los organismos públicos actúen con transparencia, previsibilidad y eficacia. El objetivo es que cada solicitante pueda elegir la modalidad de trámite más conveniente según sus necesidades y acceder a su documentación con mayor previsibilidad.
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