COCAÍNA ADULTERADA
La fiscalía pidió que la causa se derive a la justicia federal
La fiscalía que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham planteó la incompetencia para girar el expediente a la justicia federal.
Argumenta que se afectó a la salud pública y que el fuero federal tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron fuentes judiciales.
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El planteo de declinatoria de competencia fue presentado ayer por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, ante el juez de Garantías 3 de ese Departamento Judicial, Mariano Grammatico Mazzari.
El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.
En el dictamen -al que tuvo acceso Télam-, el fiscal argumentó que “la pluralidad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja”.
Martínez describió una “estructura articulada y con eslabones superiores que participaron en la elaboración, estiramiento y/o adulteración, fraccionamiento, distribución y venta del material estupefaciente altamente nocivo, la cual va más allá del último eslabón de la cadena del narcotráfico” que, según la Ley de Drogas, es el único estadio donde puede intervenir la justicia ordinaria.
El fiscal explicó que “en esta investigación el núcleo central y nexo causal del resultado muerte, se encuentra en la propia fabricación, elaboración, preparación, estiramiento y/o adulteración de la sustancia ilícita” y que los actores involucrados en dicho proceso son “escalones superiores en la cadena del tráfico ilegal de estupefacientes”.
También definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no puede escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.
El titular de la UFI 16 sostuvo, además, que eso “hace aún más determinante la urgente intervención de la Justicia Federal en la pesquisa, quien cuenta con todos los recursos necesarios, a fin de lograr desarticular toda la organización criminal y hacer cesar el daño”.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que los defensores de los acusados tienen tres días para contestar las vistas y el juez Grammatico Mazzari, cinco días a partir de recibir esas contestaciones de las partes. (Télam)