Claudio “Chiqui” Tapia obtuvo autorización judicial para salir del país entre el 23 y el 28 de febrero de 2026. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino participará en un evento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro.

La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien concedió el permiso de salida temporal pese a que el dirigente se encontraba impedido de abandonar el país por una medida destinada a garantizar su presencia en los actos procesales de una causa por presunta retención indebida de aportes.

Fianza, compromisos y advertencias

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 9 evaluó el pedido de la defensa y el 20 de febrero dictaminó que procedía la autorización bajo caución. El magistrado fijó una fianza de $5.000.000, monto que deberá depositarse electrónicamente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales.

Tapia deberá suscribir un acta comprometiéndose a regresar antes de viajar y, dentro de las 48 horas posteriores a su retorno, informar su llegada mediante el sistema judicial LEX100, adjuntando el comprobante migratorio de ingreso.

Durante su estadía se hospedará en un hotel de cuatro estrellas en Barranquilla y en uno de tres estrellas en Barra de Tijuca, Brasil. El incumplimiento de las condiciones implicará la declaración de rebeldía, la ejecución de la fianza y una orden de captura inmediata.

El tribunal también dispuso notificar la restricción migratoria a SIFCOP, al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Dirección Nacional de Migraciones. Asimismo, determinó que el viaje no se superpone con las audiencias indagatorias previstas en el expediente.

El origen de la causa

Denuncia de ARCA por omisión de tributos

La investigación se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos.

Según la querella, la Asociación del Fútbol Argentino omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000. Las maniobras se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, incluyendo deudas por retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

Los hechos fueron encuadrados en los artículos cuatro y siete del Régimen Penal Tributario, con sustento en el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para el depósito de fondos de terceros.

El manejo financiero bajo análisis

El análisis contable citado en la causa señala que la AFA recibió $45.072.435.530 en acreditaciones bancarias durante diciembre de 2024 y registró ingresos por $453.449.869.194 en 2025. En paralelo, la conducción directiva constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.

ARCA concluyó que los acusados contaban con “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales”.

En declaraciones testimoniales del 10 de febrero, Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control, y Paula Méndez, empleada del área, indicaron que los pagos dependían de la instrucción verbal, personal o telefónica del tesorero Pablo Toviggino. Bouvet explicó que su departamento informaba los vencimientos y la deuda acumulada, y aguardaba la directiva para generar los volantes electrónicos de pago.

Los compromisos se abonaban con fondos de cuentas oficiales del Banco Credicoop, con firma mancomunada de tres autoridades. Méndez identificó a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador general de la clave fiscal institucional.

La querella sostuvo que la falta de pago durante 19 meses evidencia una acción coordinada de las autoridades y remarcó que las auditorías de balance consignaban deudas fiscales millonarias con la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero.

El panorama judicial

La defensa de Tapia presentó el 27 de enero de 2026 una excepción de falta de acción para solicitar el cierre del expediente, argumentando que las deudas no eran exigibles legalmente en virtud de resoluciones del Ministerio de Economía que suspendieron temporalmente los juicios de ejecución fiscal a entidades sin fines de lucro.

El juez rechazó el planteo y respaldó la posición de ARCA y la fiscalía. La defensa apeló la decisión ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá resolver el rumbo de la investigación.

El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el 5 de marzo de 2026 con la declaración de Tapia y los abogados representantes de la asociación. El 6 de marzo declararán Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo, y el 9 de marzo deberán comparecer Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina.

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