La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La decisión surge luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de extrema criticidad presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.

El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional. En la resolución, el magistrado dispuso que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, adopte todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para asegurar la operatividad del organismo.

La resolución sostiene que la falta de recursos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales vinculadas al derecho a la identidad. Según el expediente, se advirtió que se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del organismo. Además, se remarcó que la eventual paralización no solo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados, entre ellos Pablo Parenti, titular de la unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura. En el fallo, el magistrado afirmó que el banco constituye una herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse con normalidad.

Informes de la dirección técnica del organismo describieron una situación crítica derivada de restricciones presupuestarias y dificultades para sostener servicios básicos como seguridad, limpieza, mantenimiento informático y de laboratorios. Se detalló que el presupuesto aprobado para 2026 representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos por la institución para sostener su funcionamiento.

El juez Alejo Ramos Padilla consideró acreditado el peligro en la demora, señalando que existe un riesgo concreto sobre material genético de carácter único e irrepetible. Asimismo, destacó que los peritajes allí producidos han sido históricamente la única prueba científicamente idónea para determinar el verdadero origen biológico de las víctimas.

Finalmente, el magistrado ordenó que la Jefatura de Gabinete produzca en un plazo de cinco días un informe sobre el interés público comprometido. También requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, para determinar si el organismo se encuentra en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones legales.

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