La UBA denunció un recorte del 30 % y advirtió por la falta de fondos para sus hospitales

El secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, describió un escenario de extrema gravedad para los hospitales universitarios. Según detalló, hasta el cinco de mayo no se transfirió "ni un solo peso" de la partida de gastos operativos aprobada por el Congreso para instituciones como el Hospital de Clínicas, el Hospital de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari.

Ruiz puntualizó que el Gobierno nacional no solo incumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino también la Ley de Presupuesto que el propio Poder Ejecutivo propuso. "Ese recorte real del 30 por ciento finalmente se consumó al día de hoy porque el Poder Ejecutivo todavía no giró ni un peso de la partida ajustada", subrayó el funcionario.

Esta situación genera una profunda preocupación en la comunidad médica y académica. El secretario recordó que en el Hospital de Clínicas no solo se brinda atención a pacientes, sino que allí se forman los profesionales de la salud, destacando que el 80 por ciento de los médicos del país egresa de la Universidad de Buenos Aires.

Respecto al funcionamiento diario, advirtió que los centros de salud operan de forma parcial, subsistiendo con recursos de obras sociales, prepagas y donaciones, mientras acumulan deudas con proveedores. Como consecuencia inmediata, se registra una reducción de turnos y la postergación de cirugías.

Sobre la posibilidad de un cese total de actividades, Ruiz fue categórico: "En el contexto en el cual siga pasando el tiempo y el financiamiento no sea transferido, podría pasar, por supuesto". Además, denunció una crisis salarial sin precedentes, señalando que los profesionales perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años, con 18 meses consecutivos de caída real.

Desde la institución ya se enviaron comunicaciones administrativas a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Capital Humano. Ante la falta de respuestas formales, el funcionario anticipó que podrían iniciar las acciones judiciales correspondientes para garantizar la ejecución de las partidas presupuestarias.

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