El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de cinco mil millones de pesos- y reclamó que sean destinados a “instituciones de bien público”.

“El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados”, proclamó Luciani, que reivindicó el rol que le cupo a él y a su equipo de trabajo: “Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, expresó.

En su tramo final de las nueve jornadas del alegato, consideró que “el orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía” y que la trama de corrupción por la que acusó es la “mayor de la historia”.

Como medida adicional a las penas y la inhabilitación, el fiscal reclamó el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de todas las estancias del empresario Lázaro Báez y sus allegados.

Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.

En tanto, para Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.

La fiscalía también pidió seis años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.

Solicitaron, además, cuatro años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; cinco años para Raúl Pavesi, otro extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y cuatro años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.

Para Héctor Garro, expresidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de tres años y de dos años para Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Los funcionarios judiciales también demandaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 (TOF 2) el decomiso de 5.321 millones de pesos, monto en el que -según estimó su par Mola- se defraudó al Estado.

Además, pidieron que se extraigan testimonios (impulsen nuevas investigaciones) sobre las empresas que -de acuerdo con su concepción- contribuyeron a favorecer las maniobras de adjudicación irregular a las firmas de Báez que consolidaron el delito reprochado.

Solicitaron, a su vez, que se investiguen eventuales delitos que pudieran surgir de la información obtenida de los teléfonos de López, donde aparecen menciones al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner, hijo de Cristina y actual presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

Antes de que el fiscal Luciani anuncie el pedido de penas expresó que no encontraba “un solo atenuante” debido a la “magnitud” de los delitos investigados, “su poder de dirección”, la “extensión del daño” y el “lucro personal” que persiguió, supuestamente, la vicepresidenta.

Finalmente, le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “Todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”. NA

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