Patricia Bullrich presentó un protocolo tendiente a asegurar la libre circulación

La propuesta incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública.

“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.

“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.

Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.

“Para vivir en paz”

“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales “van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación” y que “si se corta la vía principal, se libera la vía principal” sin importar que exista “una vía alternativa”.

“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.

La funcionaria agregó que “se va a trabajar” en las estaciones de tren y ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad”.

“En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela”, destacó.

También planteó que “se va a crear un registro de las organizaciones que participan” en cortes de la vía pública, y remarcó que “enviará la factura” a las organizaciones o individuos responsables por todos “los costos vinculados a los operativos de seguridad”.

“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo”, sostuvo. (Télam)

Rechazo de los gremios

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, rechazó por "inconstitucional" el protocolo de movilización anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la organización sindical.

"Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", dijo el gremialista.

Aguiar sostuvo en un documento de prensa que ante "el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad la ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta". (Télam)