Sergio Schoklender denunció un esquema de subsidios para financiar denuncias contra el PRO
El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo declaró ante la Justicia que Aníbal Fernández otorgaba fondos para impulsar acciones legales contra funcionarios de la oposición.
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El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió este miércoles su declaración indagatoria en el marco del juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales. Durante su testimonio, el acusado reveló la existencia de un esquema de financiamiento estatal destinado a promover denuncias contra dirigentes del PRO.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún el relato de Schoklender, el abogado Eduardo Barcesat mantuvo conversaciones con Hebe Pastor de Bonafini para que esta intercediera ante Aníbal Fernández, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro del Interior y de Justicia. El objetivo era obtener recursos para conformar un centro de investigación dentro de la universidad de la fundación.
“Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”.
De acuerdo con la declaración, Aníbal Fernández otorgaba un subsidio fijo que iba directamente a Eduardo Barcesat, quien en 2008 fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Schoklender sostuvo que la única función de dicho aporte era impulsar acciones legales contra funcionarios opositores.
Al ser consultado sobre el manejo de los fondos, el ex apoderado aseguró que la fundación contaba con diversas fuentes de ingreso, entre las que destacó los excedentes de Sueños Compartidos.
“Si uno hace las cosas bien y no paga coimas, sobra plata”.
Asimismo, admitió haber recibido aportes del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, aunque reconoció que alguno se perdió en el camino. El juicio, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, investiga el presunto desvío de 206 millones de pesos de un total de 748 millones recibidos entre marzo de 2008 y junio de 2011 para la construcción de viviendas sociales.
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