Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno nacional analiza alternativas para readecuar las partidas presupuestarias y cumplir con el fallo judicial que ordena su aplicación. Según trascendió, el oficialismo planea una nueva convocatoria a rectores y autoridades para los primeros días de mayo, con el objetivo de destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo entre las partes.

En los despachos de la Casa Rosada se recuerda un intento de acuerdo en febrero, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Aquella propuesta buscaba recomponer los salarios en un 12,3 por ciento, pero no logró avanzar debido a los tiempos legislativos. Desde el entorno presidencial apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la demora en el tratamiento del proyecto, aunque cerca del legislador aseguran que las prioridades las marca el Ejecutivo en función de las necesidades.

"Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley", admitió un alfil libertario ante la consulta periodística. En este sentido, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario para ganar tiempo, especialmente luego de que la inflación de marzo se ubicara en el 3,4 por ciento, lo que complejizó los planes oficiales.

Mientras tanto, las autoridades universitarias manifiestan su impaciencia y evalúan una nueva movilización para principios de mayo. Niegan que haya existido un acuerdo previo con el Ejecutivo y sostienen que en febrero solo hubo un aviso. Entre los reclamos principales se encuentra la falta de compensación por el poder adquisitivo perdido en 2024 y la incertidumbre sobre la proyección presupuestaria para el 2026.

Ante este panorama, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro con el ministro de economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para coordinar la estrategia legal y económica. Desde el gobierno nacional, algunas voces evalúan incluso la posibilidad de avanzar mediante un decreto para resolver la discusión parlamentaria, bajo la premisa de que "los votos estaban".

A pesar de la presión, en el entorno presidencial confían en una resolución del conflicto. "La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces", señaló una fuente oficial en referencia a la masiva marcha federal de 2024. No obstante, las universidades mantienen el estado de alerta a la espera de una propuesta concreta que garantice el funcionamiento de las instituciones.

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