Estar conectados es hoy clave para nuestras vidas y el acceso a nuestros derechos de salud, educativos, ciudadanos, de sociabilidad. Como dijo el Presidente, Internet es un servicio público y hay que validarlo con una regulación y reglamentación inteligente.

En la Argentina que viene, no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad, sólo con el criterio de cómo quieran cobrarlos las grandes empresas. Por ello, la mesa de diálogo se amplió hacia otros prestadores que son PyMes o cooperativos, para entender los costos y las capacidades de cada uno, tanto en precios mayoristas como minoristas, y aplicar la regulación asimétrica prevista en nuestra Ley Argentina Digital como en muchos otros países del mundo. Luego, las inversiones privadas concurren a fortalecer el sistema, y las inversiones que decide el Estado con recursos presupuestarios y del Fondo de Servicio Universal, tienen que equilibrar el desigual desarrollo relativo de regiones y servicios en el país.

Un criterio de sentido común y solidario nos lleva a tratar de alinear los precios con los ingresos de la mayoría de la población, especialmente en los sectores que necesitan una tarifa social. Esta cuestión compartida por el Frente de Todos y muchos otros espacios políticos, la hemos hablado con muchos proveedores de servicios; el desafío es ponerlo en práctica para resolver lo que no han resuelto durante muchos años las políticas que confiaban sólo en una competencia imperfecta, como la que sucede en la mayoría de las ciudades y pueblos de la Argentina.

La Ley Argentina Digital (art. 48 1er párrafo) establece que los precios TIC deben ser justos y razonables, cubrir los costos de explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Esto ni siquiera había sido derogado por el DNU 267/15 de Macri, y claramente conlleva una situación de monitoreo público y transparente de las ofertas de las prestadoras, por parte del regulador.

Todos compartimos que la atención de usuarios y contribuyentes no puede sólo quedar a la deriva de ocasionales promociones de combos, o de descuentos que cada quien obtenga al reclamar repetidamente a un call center.

Una oferta de esquemas prepagos asequibles para la telefonía e Internet móvil; la efectiva disponibilidad de servicio y de WiFi en zonas públicas y de tránsito público; la prioridad de conectividad para escuelas, universidades y las comunidades educativas, y una dinamización del tendido y de la conexión efectiva a la fibra óptica en los hogares son fuertes ingredientes de la política de comunicaciones.

Aún con los escollos de la pandemia, y más allá las presiones de quienes litigan para evitar cualquier regulación sobre sus motivaciones comerciales, este gobierno está encarando estas cuestiones, y desde el Parlamento venimos sosteniendo la garantía de nuevos derechos a través de diversos proyectos de ley.

Por Pablo Carro, diputado nacional Frente de Todos por Córdoba, presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática.

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Claramente, Internet es un servicio público esencial