Un punto muerto que costea el más débil
Mientras por estas horas se replica el debate que año a año se ven “obligados” a tratar acerca de un reacomodamiento de la tarifa del boleto del transporte público de pasajeros, y con un Gobierno empecinado en pretender marcar la agenda política con anuncios rimbombantes que hacen a acuerdos grandilocuentes, estructurales como ambiguos, del que nadie parece estar dispuesto a renegar (por convicción, conveniencia o un mero oportunismo político), poco se debate, se pone sobre la mesa sobre lo que se está perdiendo el vecino de a pie –en este caso en colectivo- por la poca creatividad, falta de voluntad o simplemente por estar estancados y/o convencidos en mantener el status quo.
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La sensación es que hay que llegar al 2019 pergeñando el bicentenario, si es posible no acelerando mucho, lo que algunos llaman hacer la plancha.
Es que mientras sociedades desarrolladas del mundo ya piensan –y algunas ejecutan- el transporte público gratuito, en capitales aquí más cerca como Buenos Aires (gobernada por Cambiemos) decreta la casi prohibición de ingresar al microcentro con altos costos para aquel que prefiera hacerlo en su auto particular en pos de un mejor ordenamiento y calidad urbanística, en Tandil, la pretendida mejor ciudad intermedia del país, la discusión se focaliza meramente en el valor del boleto que, en la actualidad ha dejado fuera un sinfín de beneficios y sus respectivos beneficiarios por la imposibilidad de homologar la SUBE a la SUMO, la experiencia local que ha quedado a trasmano de la iniciativa nacional y cuya frustración la costearon y la seguirán costeando los usuarios.
Qué pasó con la promocionada Sapem, por qué siguen abarrotadas en un depósito las bicicletas que el Municipio adquirió. Qué se hizo con la información del estudio cual radiografía de cómo se mueven y en qué los vecinos, forman parte de los interrogantes que se suman a esta temática compleja como apasionante a la hora de explorar, pero que el Municipio parece no querer emprender por razones que podrían rastrearse en el simple espíritu de mantener las cosas como están, sin hacer mucha ola.
Que el estacionamiento medido precisamente se creó para desalentar el tránsito particular, que funciona exitosamente el PASE (con los recursos del Fondo Educativo). Los millones que costaría caducar el convenio con la empresa que administra el sistema, formarán parte de los argumentos a modo de respuesta o excusas del oficialismo.
Pero resulta poco, muy poco comparable con lo que se podrían beneficiar no solo en lo que hace al costo del transporte para los usuarios (a no ser que solo se piense en que le cierren los números a los empresarios que explotan el servicio), sino en busca de una mejor calidad de vida para la ciudad intermedia que se ostenta gobernar.
Por el estancamiento descripto, cientos de vecinos (jubilados y pensionados, excombatientes, empleadas domésticas, beneficiarios de AUH, entre otros programas sociales y hasta aquellos estudiantes que no entran al PASE), están costeando la actual tarifa y la por venir.
Al menos el caso amerita analizarlo mientras se está en este exasperante punto muerto, con el deseo de que alguna vez se emprenda la marcha de un colectivo que contenga al más débil, al ciudadano.
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