En el último suspiro, previo a contener la respiración para lo sería un escenario no deseado por nadie, apareció un mail oficial en la casilla de correo del Juzgado de Garantías que interviene en la sensible causa penal propiciada por la denuncia de un vecino al que le usurparon sus tierras, en La Movediza.

Cuando ya se habían agotado todas las instancias de negociación, incluso en el marco del protocolo judicial con las posturas ya informadas, y los actores involucrados (judiciales, policiales, políticos y sociales) se prestaban a organizar la logística de lo que sería un desalojo por la fuerza, una comunicación de un organismo nacional al que nadie había citado, nunca había participado a lo largo de estos densos ocho meses, daba cuenta de una postura llamativa como controvertida.

Resulta que el macizo privado usurpado por un centenar de vecinos que demandan soluciones habitacionales, formaba parte de una urbanización planificada y normatizada que, por razones que aún la razón no esclareció, había sido obviada en anteriores proyectos de esta naturaleza que ya se propiciaron en la ciudad. Incluso, el texto habla de la posibilidad de una expropiación bajo el amparo de una ley que alude precisamente a las urbanizaciones de los asentamientos marginales.

Era viernes a media mañana. El juez José Alberto Moragas había citado, entre otros, a funcionarios comunales (Alejandra Marcieri, Andrés Curcio y compañía) para luego de un fuerte intercambio de posturas frente a lo que fue el abordaje de la problemática como así también lo que se dijo a través de los medios, acordar la logística de lo que iba a ser el desalojo, cuando el secretario del magistrado anotició a los presentes que había llegado un mail de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano de la Nación. El texto rezaba que La Movediza forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), ergo deberá ser reconocido y urbanizado bajo los parámetros de las leyes de Integración Socio Urbana.

A más sorpresas, con la firma de Agustín Alcorta, director del área oficial citada (nunca participó ni fue citado para tratar el entuerto de –se insiste- ocho meses), alegó que la zona en litigio se encuentra en el barrio popular "La Movediza I", sector de la ciudad que forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (Renabap) bajo el número 608, oficializado por diversos decretos y amparado por la Ley Nacional 27.453 y la Ley 27.694.

A priori, los postulados del firmante funcionario nacional parecen flojos de papeles, independientemente de las leyes citadas, las cuales fija como parámetros los asentamientos hasta el 2016, cuando se aprobó dicha norma, no como en este caso, una ocupación masiva de este año.

La definición dejó atónitos a los actores involucrados, que por estas horas además de peticionar precisiones del sorpresivo postulado del desconocido organismo, buscan entender que después de tanto tiempo, en las puertas de la aplicación de la medida judicial, aparezca “la novedad” que traería aparejadas consecuencias indescifrables.

La mirada más benévola dirá que tal vez se trató –se trate- de un ensayo insolvente que procure ganar tiempo para evitar una escena violenta que claramente ocurrirá con un desalojo por la fuerza. De hecho, los propios actores judiciales propiciaron hasta últimas horas del fin de semana, sin suerte, encuentros informales con los ocupas en procura de hallar una salida pacífica.

Otros aludirán a un oportunismo político en tiempos de zozobra social y política, con días electorales transitados, por los que a ninguno de los interesados políticos estaría con voluntad de afrontar mayores trastornos más allá del devenir de la abrumadora realidad.

Cabe consignar, el entuerto no estaría solo padeciéndolo Tandil. Sin ir más lejos ayer en los diarios capitalinos se informaba también sobre un desalojo judicial frustrado en CABA, más precisamente en Parque Patricios, por una fábrica tomada hace años, también con sus intereses particulares y sociales a cuestas.

Por lo pronto, aquí y ahora, se sienta un precedente preocupante e interrogantes insoslayables. ¿Qué harán aquellas familias primigenias que ocuparon parte de esos lotes y desistieron pacíficamente de seguir en el lugar por la persecución penal? ¿Ahora que habría un reconocimiento oficial para ocupar volverán para asentarse como ayer? ¿Qué harán aquellos vecinos anotados en la extensa lista de espera por lotes y proyectos habitacionales?¿Qué margen de maniobrabilidad tendrá un juez, un fiscal, un defensor, ante un eventual nuevo escenario como el que ahora se procura resolver bajo presión y oportunismo? ¿Qué leerá la opinión pública? ¿Se puede usurpar sin más?

La política deberá dar la respuesta. Ayer no supo resolver y se judicializó. Ahora la política vuelve a entrometerse sabiendo que no cuentan con recursos para dar respuesta a un flagelo cruel y descarnado. El Estado hace agua por todos lados, aunque algunos intenten disimularlo con sus mejores intenciones.

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Usurpación, intervención y después