Usurpación, intervención y después

En el último suspiro, previo a contener la respiración para lo sería un escenario no deseado por nadie, apareció un mail oficial en la casilla de correo del Juzgado de Garantías que interviene en la sensible causa penal propiciada por la denuncia de un vecino al que le usurparon sus tierras, en La Movediza. 

Cuando ya se habían agotado todas las instancias de negociación, incluso en el marco del protocolo judicial con las posturas ya informadas, y los actores involucrados (judiciales, policiales, políticos y sociales) se prestaban a organizar la logística de lo que sería un desalojo por la fuerza, una comunicación de un organismo nacional al que nadie había citado, nunca había participado a lo largo de estos densos ocho meses, daba cuenta de una postura llamativa como controvertida.

Resulta que el macizo privado usurpado por un centenar de vecinos que demandan soluciones habitacionales, formaba parte de una urbanización planificada y normatizada que, por razones que aún la razón no esclareció, había sido obviada en anteriores proyectos de esta naturaleza que ya se propiciaron en la ciudad. Incluso, el texto habla de la posibilidad de una expropiación bajo el amparo de una ley que alude precisamente a las urbanizaciones de los asentamientos marginales.