¿Y si el aborto se sometiera a una consulta popular?

El Eco

Fueron más de veinte horas en las que se ha debatido la legalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que pudieron observarse diferentes posturas sobre el tema. Insistimos en que la medida sanción del proyecto de ley de legalización del aborto tiene un claro vicio que lo invalida desde el punto de vista constitucional, transgrede la principal norma que es el derecho a la vida.

Viola el mandato impuesto por igual a Diputados y Senadores en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución de la República Argentina, que establece la protección del niño por nacer (protección del niño desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia). Ello correlacionado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Hemos insistido en que en este tema están en juego diferentes valores, pero hay un valor fundamental que es el de la vida, esencial para el ejercicio de todas las libertades y derechos.

Las leyes argentinas desde hace muchas décadas protegen al más débil. Por eso existen los in dubio -o sea, en caso de duda, a favor del más vulnerable-, pero a la hora de analizar la situación del ser humano que se está gestando no nos inclinamos a favor del más vulnerable.

Se ha mencionado la necesidad de querer parecernos al primer mundo, con esta ley, y con total desconocimiento sobre lo que ocurre en aquellos países.

A modo de ejemplo, cito el caso de Inglaterra, Alemania y Rusia. Existe la creencia aquí en Argentina, de que en los países donde está legalizado el aborto, las cifras de esta práctica han disminuido. Es falso: en el caso de Inglaterra, los índices han aumentado en gran proporción en los últimos años, sobre todo en la aberrante práctica de los abortos selectivos.

Los métodos de fertilización asistida, donde se generan trillizos o mellizos llevaron al punto de hacer elegir entre cuál embrión abortar y a cuál permitirle seguir una vida normal. Estamos hablando de una planificación que queda en manos de una persona, cuando la protección del niño por nacer es una cuestión de Estado.

Hay que sincerar que la legalización no necesariamente va a bajar los índices de aborto.

Todo esto se une al hecho de que en Latinoamérica sólo Uruguay y Cuba tienen legalizado el aborto, y que de los 33 países que integran la OEA sólo dos lo tienen legalizado: Uruguay y Estados Unidos. Y el caso de la Ciudad de México, lo que marca un posicionamiento continental claro sobre la temática en América.

No obstante ello, lo cierto es que, el gran ausente en este debate ha sido y es el pueblo, con excepción de movilizaciones de un lado u otro, que reflejan posiciones específicas. Tanto Diputados como Senadores de la Nación, no tienen -la mayoría- un mandato expreso sobre cómo actuar en el caso del tratamiento de la legalización del aborto, y por lo tanto, no pueden ejercer la representación genuina del electorado que lo votó.

La sociedad argentina tiene posturas diversas sobre la legalización del aborto, por lo que hubiera sido absolutamente claro, democrático, transparente y genuino convocar a una consulta popular vinculante al pueblo argentino en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional, para que se pronuncie por la aceptación o el rechazo de una posible ley de legalización del aborto, aspecto que podría incluirse como un nuevo artículo en el tratamiento del Senado al texto de la media sanción ya aprobada por la Cámara de Diputados.

En temas de trascendencia, como la legalización del aborto, que es un cambio del paradigma existente en la sociedad argentina, el pueblo quiere saber de qué se trata y por sobre todas las cosas es el que tiene, en definitiva, la última palabra, con su expresión más genuina, que es el voto.

* El autor es Diputado nacional (Partido Demócrata Cristiano)

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