Tres particulares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra el jefe comunal, el secretario de Obras Públicas y dos particulares, acusándolos de integrar un plan sistemático para frenar ilegalmente una urbanización en la zona de La Porteña. La presentación judicial incluye graves cargos como defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y tráfico de influencias, respaldados por registros de audio y video que comprometerían a la cúpula del Ejecutivo municipal.

Tal lo anticipado en la Sección dominical El Oído Agudo, el litigio por la posesión y comercialización de un desarrollo urbanístico en la zona El Centinela que puso en vilo a la justicia local, con un juez suspendido a la espera de un jury y su correlato en una causa penal, pasó ahora también a la órbita política, con presentaciones administrativas primero y denuncia penal ahora.

En la presentación realizada en la fiscalía, Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y el abogado Jorge Heter interpusieron una denuncia penal contra el intendente Miguel Ángel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse. La acción judicial, que también alcanza a los particulares Luis Cerone y Esteban Andrés Fernández, sostiene la existencia de una trama delictiva organizada para impedir el avance del desarrollo urbanístico denominado Miradores de Montecristo, ubicado en la Chacra 274.

Los denunciantes aseguraron que se utilizó el aparato estatal para bloquear ilegalmente la propiedad con el fin de favorecer intereses privados y despojar a los legítimos dueños de sus bienes.

La denuncia caratuló los hechos bajo figuras penales de defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, estafa procesal y tráfico de influencias, todo en concurso real.

Según el escrito, el modus operandi consistió en una dualidad dolosa: mientras el municipio bloqueaba administrativamente el loteo de la Chacra 274 —cuyo plano de subdivisión data de 1946—, se facilitaban transferencias de dominio de tierras fiscales a favor de terceros allegados al poder bajo condiciones de dudosa legalidad.

Una trama de audios y presuntas extorsiones

El eje central de la acusación contra el intendente Lunghi se basó en una serie de declaraciones públicas y privadas que, según los denunciantes, probarían un abuso de autoridad. En un audio grabado en octubre de 2024, el jefe comunal reconoció ante los propietarios la validez del loteo original, admitiendo que "las leyes no son para atrás" y que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de 2007 no podía afectar derechos adquiridos en la década del cuarenta. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en enero de 2026, cuando el intendente afirmó en declaraciones radiales haber solicitado una medida cautelar para frenar las obras.

Los denunciantes advirtieron que dicha cautelar nunca fue notificada ni existiría en los registros judiciales, lo que configuraría una estafa procesal. "La orden política sin una orden judicial previa es un acto extorsivo", señalaron en la presentación.

El perjuicio económico sería millonario, dado que estas declaraciones públicas habrían ahuyentado a potenciales inversores y compradores de los lotes en el predio de La Porteña.

A este escenario se sumó el secretario Luciano Lafosse, quien fue señalado como el ejecutor del bloqueo administrativo. La denuncia incorporó un video de enero de 2026 en el que el funcionario habría confesado que el expediente no avanzaba debido a la oposición de Luis Cerone.

Según el relato de los hechos, Cerone habría intentado usurpar el predio en mayo de 2022 y, tras ser retirado por la policía, habría exigido la suma de 500.000 dólares para "levantar el bloqueo" que sus socios en el municipio habían impuesto. La cronología aportada por Burs y Giove mostró que apenas un mes después de que la Municipalidad cobrara impuestos por los lotes individuales, se activó una orden sincronizada para denegar servicios básicos y unificar las parcelas de forma inconsulta.

Documentos desaparecidos e irregularidades administrativas

Otro de los puntos más alarmantes de la denuncia fue la presunta supresión de documentos públicos. Los denunciantes aseguraron que el expediente administrativo N° 4110-222/22 fue objeto de manipulación física. En una videograbación, el secretario Lafosse habría negado el acceso al documento argumentando que "ese expediente es nuestro". Posteriormente, un técnico municipal habría informado que al legajo le faltaban numerosas fojas, específicamente aquellas que contenían las resoluciones provinciales de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) que contradecían la postura municipal.

De acuerdo con la investigación de los denunciantes, el Municipio habría intentado engañar a la Provincia enviando datos catastrales falsos para forzar una negativa técnica. Mientras la gestión de Lunghi calificaba la zona como "rural" para impedir el desarrollo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) continuaba cobrando impuestos por 300 lotes urbanos, generando una deuda que hoy ascendería a 90 millones de pesos anuales. "Es una extorsión tributaria: nos cobran como lotes urbanos pero nos impiden usarlos alegando que es zona rural", manifestaron.

El riesgo de un perjuicio millonario para Tandil

La presentación también alertó sobre las consecuencias financieras para las arcas públicas. El secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, habría reconocido en una audiencia que el conflicto podría derivar en un escenario similar al de Villa del Lago, pero "más oneroso para el Municipio". Se estimó que, de consolidarse el bloqueo, la Municipalidad de Tandil podría enfrentar juicios por más de ocho millones de dólares en concepto de indemnizaciones a los propietarios y adquirentes de los lotes.

La estrategia oficial, según se desprendió de los audios aportados, sería subdividir de urgencia otras tierras municipales para tener "cartas de permuta" y así paliar el descalce territorial. Los denunciantes calificaron esta maniobra como una potencial defraudación, ya que se generaría un pasivo millonario para todos los contribuyentes tandilenses debido a una gestión caprichosa y alejada de la normativa vigente.

El caso La Colla y la supuesta doble vara

Para demostrar lo que denominaron un "plan criminal organizado", la denuncia incorporó el caso de la sucesión de Nunzio La Colla. Los denunciantes contrastaron la rigurosidad y el bloqueo aplicado a Miradores de Montecristo con la supuesta generosidad del intendente Lunghi hacia otros particulares. Señalaron que, mediante el Decreto 3713/2023, el jefe comunal ordenó transferir a título gratuito un inmueble fiscal a favor de Esteban Fernández —allegado a Cerone— y una ciudadana italiana.

"Mientras a nosotros nos desconocen títulos perfectos y escrituras inscriptas, el Municipio le regala tierras al Estado a personas con documentación precaria", afirmaron en el escrito. Esta situación fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal como la prueba del dolo y la negociación incompatible. El pedido de los denunciantes fue contundente: solicitaron allanamientos urgentes en la Secretaría de Obras Públicas, en la Dirección de Catastro y en la Usina Popular y Municipal de Tandil para secuestrar los expedientes originales y los dispositivos electrónicos de los funcionarios implicados, ante el temor de que la prueba sea destruida.

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