El abogado de Jaureguiber atacó el cambio de criterio de la Cámara de Azul frente a la eximición de prisión

Mientras transita los plazos procesales en torno al pedido de eximición de prisión de Luciano Jaureguiber, el defensor Luciano Tumini dio detalles de la presentación ante Casación de La Plata, cuestionó la resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul en torno a su pupilo, repasó novedades de la instrucción y describió que el exdirector de Espacios Verdes Públicos “está destruido” por la muerte del joven Sebastián Simón.

En diálogo con “Dos a las siete” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), el letrado repasó que a los pocos días del hecho, solicitó la eximición de prisión que fue denegada por la jueza de Garantías Stella Maris Aracil. Así, interpuso un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Azul, que confirmó ese rechazo, entonces “queda abierta la instancia de Casación Penal de La Plata”. 

Indicó que “se interpuso oportunamente el recurso de Casación pertinente”, aunque “la Cámara de Apelaciones de Azul, que justamente es el mismo órgano que dictó la resolución ante la cual se interpone ese remedio procesal, consideró que ese tipo de resoluciones no son apelables ante la Casación, no concediendo el trámite al recurso”.

Y aclaró que el tribunal de alzada azuleño “no es que trató el tema de fondo, ni los argumentos, sino que considera simplemente que no procede la apelación de este tipo de resoluciones”.
Tumini manifestó que fueron notificados el viernes de la semana pasada y que disponen de diez días corridos “para interponer un recurso de queja para que la Casación, eventualmente, pueda decir que efectivamente este tipo de resoluciones se puede apelar, y ahí entrar a tratar el tema de fondo, el cual obviamente puede ratificar lo que se viene diciendo hasta este momento, o revocar la primigenia resolución y conceder la eximición de prisión a Luciano Jaureguiber”.

Sin seguridad jurídica

El caso Simón indefectiblemente conduce a una comparación con lo ocurrido con Romanela Ruiz Sánchez y la situación del ahora condenado Sebastián D’Angelo, quien permaneció libre durante el proceso pese a que se había fugado del lugar del choque, había permanecido seis días prófugo e intervino sobre su auto antes de entregarlo a la policía. Sin embargo, por aquel entonces la Cámara de Azul había denegado la prisión preventiva al conductor solicitada por el fiscal Gustavo Morey y avalada por Garantías.  

Consultado por su interpretación en torno a la resolución de la Cámara en torno a la prisión preventiva de Jaureguiber, indicó que “si bien no todos los casos son idénticos, entiendo que el caso de D’Angelo era de una mayor gravedad. No solamente por el hecho de haberse profugado del lugar del hecho, sino justamente todo el período que había estado oculto y además, que a su vez poseía mayores agravantes porque el doctor (juez Carlos Alberto) Pocorena dice en su fallo se acreditó que habría doblado a la izquierda en un lugar no permitido, lo que suma un agravante más al hecho”. 

Consideró que el delito que cometió D’Angelo “era mucho más gravoso”, pero advirtió que “la Cámara en su momento no estaba integrada por los tres miembros que está integrada hoy en día”. Así hizo referencia a la reciente asunción del magistrado Agustín Echevarría –exjuez del Tribunal Oral Criminal 1 de Tandil-, quien hoy es parte del tribunal de alzada azuleño.

Tumini esgrimió que “puede ser que varíe su decisión al respecto, la cual obviamente no comparto en lo absoluto. La lógica, el sentido común, decía que se tenía que otorgar la eximición de prisión, más teniendo en cuenta este antecedente. Esto va más allá de un caso en particular, sino que va en la seguridad jurídica que pretenden todos los ciudadanos y de justamente tener algún tipo de previsión en cuanto a qué es lo que pasaría en casos similares. Esa seguridad jurídica, sinceramente, si se varía en cada caso en particular, no la estaríamos obteniendo; pero es algo que ocurre hoy a nivel nacional en cuanto a toda la Justicia y por eso también ha estado tan en boca de todos y ha sido tan criticada”.

Presión social

En otro tramo de la entrevista, el letrado fue consultado sobre la celeridad con que actuó la Justicia y la presión social que ejerció la familia con apoyo de la agrupación Primero de Octubre, con marchas, manifestaciones y un acampe en la Plaza Independencia que sigue en pie. 

“Obviamente, desde el punto de vista social, la presión que se ha ejercido no pasa desapercibida para los jueces, quienes son ciudadanos comunes y corrientes, y que están en contacto con el resto de la población, y esa presión social puede llegar a influir. Desde ya también que es una cuestión peligrosa al momento de que un juez pueda llegar a tener un parecer u otro, dependiendo de la presión externa que se ejerza”, dijo. 

En esa línea, expresó que “no podemos ser ingenuos y decir que algún tipo de influencia puede llegar a haber habido, por ahí en los tiempos; no sé si en la decisión final que se ha tomado, pero sí en los tiempos en los cuales se tomó la misma”. 

Afirmó que los peritajes robustecen la indagatoria del exdirector comunal

Por otro lado, el doctor Luciano Tumini descartó que influyeran el cargo público y las comunicaciones con Roberto Pérez –colaborador muy cercano al Intendente- en la actual situación del exdirector de Espacios.  

“Por el hecho de ser funcionario público no le corresponde ningún agravante, si no habría un código penal para funcionarios públicos y otro para quienes no lo fueran. Por el sólo hecho de ser funcionario público no posee ningún tipo de agravante el delito en sí mismo”. 

Y aclaró que “hasta acá el único agravante que se encuentra acreditado es el hecho de que no permaneció en el lugar y se retiró del mismo sin auxiliar a la víctima en ese primer momento, con lo cual computable es el único agravante”. 

En relación a la evaluación del teléfono del imputado y la posibilidad de que haya borrado comunicaciones antes de entregarse, informó que “la primera pericia lo único que manifiesta es cómo que recupera ese mensaje justamente con el chofer del Intendente, pero la verdad carece de todo fundamento y de rigor científico desde el punto de vista de que, en primer lugar, no lo hizo un experto en telecomunicaciones. Segundo, no menciona el procedimiento realizado para supuestamente recuperar eso”

En igual línea argumentativa, el defensor cuestionó que ante ese peritaje “no estuvieron notificadas ni siquiera las partes, es decir, no se tuvo la posibilidad de controlar esa pericia” y le sumó que “el mensaje como lo han trascripto en ningún momento denota ningún tipo de colaboración, más que justamente un acompañamiento desde el punto de vista personal y emocional”. 

Al fundamentar, añadió que “es más, considero que es algo totalmente descabellado que la jueza lo ponga en su resolutorio porque da a entender que si hubiese habido algún tipo de colaboración o algún llamado que hubiese llegado a la jueza, o lo que fuere, lo tendría que haber puesto de manifiesto ella, porque qué otro tipo de colaboración puede haber si no es desde el punto de vista de la Justicia, y con la Justicia nunca nadie se comunicó para obtener algún tipo de beneficio procesal en cuanto al hecho en cuestión”. 
Concluyó que “resulta bastante incongruente que subsista como fundamento para denegarlo (la eximición de prisión)” e informó que “aún no se ha hecho la pericia en el teléfono. Estamos al aguardo justamente de esa pericia para controlar la misma y ver efectivamente qué resultado arroja”. 

En tanto, con respecto a las comunicaciones presuntamente borradas por el exfuncionario, reiteró que “lo único que se dice en ese momento es que llama la atención que no habría llamados de ese día y supondría una manipulación del teléfono, que también es algo totalmente subjetivo: hay gente que manda mensajes de Whatsapp y los borra; hay gente que los guarda; depende de la calidad del teléfono, de la memoria interna que tenga y que permita el almacenamiento. Es decir, uno no puede ingresar en la subjetividad de cómo cada uno maneja su esfera de privacidad”.

En paralelo, pidió tener en cuenta que “todo lo que se encuentra en un teléfono celular, tanto la mensajería instantánea como las redes sociales o lo que fuera está amparado por nuestra Constitución en cuanto al derecho de reserva y a la intimidad que tiene una persona de las comunicaciones”.

Sin lugar para elucubraciones

Al evaluar los avances de la instrucción, consideró que “todas las pericias que se han realizado robustecen aún más lo que declaró Jaureguiber en su primer momento y justamente, lo posicionan de mejor forma y descartan todo tipo de elucubración que se quiera hacer respecto de algún favorecimiento”. 
En esa línea, enumeró el peritaje del automóvil, que fue entregado al momento en que Jaureguiber se presentó ante la policía, diez horas después del hecho. “Certificaron que no hubo ningún tipo de adulteración del estado en que se encontraba en forma posterior al accidente”, afirmó y agregó que “lo mismo ocurre con el análisis de sangre que arrojó valores negativos”, lo que contrastó con los dichos “vos populi” en cuanto a ingesta de alcohol y estupefacientes.
En ese aspecto, indicó que Jaureguiber reconoció una ingesta de alcohol moderada ya que venía de un asado y “de estupefacientes se hicieron análisis tanto de orina como de sangre, y ninguno arrojó ningún tipo de valor que acreditara que tuviera alguna ingesta de ese tipo de sustancias en el cuerpo. Teniendo en cuenta, a su vez, que los estupefacientes necesitan un período de degradación en el cuerpo no menor a diez días. Con lo cual, el hecho de que se haya presentado diez horas después es imposible que pudiera ocultar alguna ingesta de ese tipo”.

“Está destruido”, describió y confirmó que pidió disculpas

“A través mío se trató de hacer una reunión, intermediando la Oficina de Asistencia a la Víctima del Poder Judicial, y desde esa propia oficina no recomendaron la realización de esa reunión para el pedido de disculpas debido al estado en que se encontraba la familia. Y era entendible”, explicó el doctor Luciano Tumini en torno a la actitud de su pupilo tras la muerte del joven Sebastián Simón.
Señaló que “sí le hizo llegar, a través de terceras personas y conocidos en común que tienen, su pésame y su lamento a la familia de Sebastián Simón. Así mismo dejó constancia en su propia declaración indagatoria, que lo que más le importaba era justamente pedirle disculpas a la familia”. 
También expuso que el exfuncionario “tiene allegados que trabajaban en dependencias del Municipio que resultaron ser familiares de Sebastián Simón, con los cuales también se contactó, no personalmente pero sí a través de terceras personas, para ofrecerles sus condolencias, disculpas y obviamente, el lamento por el hecho ocurrido”. 
Por último, sobre el estado anímico de su cliente, manifestó que “la verdad es que Luciano Jaureguiber está destruido a partir de esto y actualmente sigue con apoyo psiquiátrico y psicológico. Lamentablemente es algo que le toca pasar y de lo cual nadie está exento justamente de que le pudiera llegar a pasar. Y nadie puede asegurar tampoco la reacción que tendría en ese mismo momento. Pero hoy en día estamos transitando este camino, se lo está acompañando desde el punto de vista jurídico y principalmente, desde el punto de vista emocional, porque la afectación es bastante grande”.