Un nuevo caso, una denuncia más y otro expediente nuevo se suma a la historia judicial tandilense en torno a las estafas con venta de lotes, maniobras en las cuales intervienen profesionales varios. En este caso, un abogado con “conocido prontuario”, un escribano con varias acusaciones en su haber y una inmobiliaria.

Según este Diario pudo confirmar, ayer se realizaron una serie de allanamientos simultáneos precisamente en dos propiedades de los investigados, más precisamente donde funciona el estudio del letrado y la inmobiliaria donde se realizó la operación defraudatoria, según consta en la denuncia que derivó en la pesquisa llevada adelante por la fiscalía 16, a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza.

Precisamente el Ministerio Público, con la venia del Juzgado de Garantías, coordinó las diligencias procesales que derivaron en allanamientos. Uno en una propiedad de calle Garibaldi al 700. Al unísono, en calle Brandsen al 1200, donde funciona la inmobiliaria.

Según trascendió, de los procedimientos policiales se secuestró material probatorio sujeto a cotejos y peritajes. Léase documentación como material informático que permitirá ratificar o no el rumbo de la pesquisa que apunta a tres profesionales, dos de Tandil y uno con asiento en Ayacucho.

En efecto, los señalados por la investigación son el abogado Juan Manuel González Guerra el martillero Pablo Romeo y el escribano Martín Eseverri.

El delito

La causa se remonta a finales del año pasado, cuando un vecino denunció haber sido estafado con la compra de una propiedad en la ciudad a la cual a la postre advirtió que la escritura era apócrifa.

En efecto, de acuerdo a la investigación, la propiedad pertenecía a un hombre que había fallecido en Italia en el 2008. Sin herederos a la vista, se habrían aprovechado de dicha circunstancia para confeccionar una escritura a nombre de otra persona, maniobra a la cual se le sindica precisamente al escribano ayacuchense citado con la complicidad de los otros profesionales nombrados.

Hasta aquí la instrucción penal preparatoria se sustancia bajo la carátula de “Defraudación” y “falsificación de documento público”, por el cual los tres señalados han sido notificados de la causa que los involucra.

Antecedentes

No es la primera vez que estos nombres fueron relacionados con este tipo de delitos en la ciudad y más allá también. De hecho el escribano será próximo a ser enjuiciado por una mega estafa que habría ocurrido con propiedades en la ciudad vecina de Ayacucho, debate que se propiciará en Capital Federal y de la cual también hay otros colegas del nombrado tandilenses imputados.

En lo que respecta al abogado, se trata de quien ya fuera condenado –con sentencia firme en 2010- por cohecho, sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación para ejercer su profesión durante el mismo período.

A más detalles de aquel resonante caso, el letrado fue acusado por el juez –ya jubilado- Pablo Galli, por pretender coimearlo para favorecer la situación procesal de un detenido, suceso que habría ocurrido el 23 de diciembre de 2008.

Como oportunamente se informó, el 19 de mayo de 2010 se ventilaba el fallo tras la audiencia oral y pública en la que se juzgó la responsabilidad penal de González Guerra.

El testimonio del juez Galli devenido en testigo “aleja categóricamente cualquier sospecha de maquinación o armado de historia falsa”, argumentó el fallo del juez Torrens. Para el magistrado azuleño –después ratificado por la Corte- se acreditó la responsabilidad penal del joven letrado, cuando el 23 de diciembre de 2008, intentó coimear al juez Galli para favorecer la situación procesal de un detenido.

Mediante la prueba incorporada por lectura más los testimonios escuchados en la audiencia, el juez coincidió prácticamente en un todo en los lineamientos del ministerio público, a cargo del doctor Luis Piotti, acerca de los elementos de convicción que lo llevaron a considerar veraz y coherente los dichos del magistrado tandilense, en contraposición a lo manifestado por el acusado en plena instrucción, cuya declaración resultó contradictoria y con poco sustento probatorio.

Tomándose precisamente de los dichos de Galli, como así también de Guillermo Vaticano y Esteban Eduardo Perone (funcionarios del Tribunal por ese entonces), además de otras piezas procesales incorporadas al debate por lectura, dio por acreditado los hechos como la participación del imputado.

En lo que respecta a González Guerra, frente a la nueva imputación endilgada su a la situación procesal sería más gravosa precisamente teniendo en cuenta que cuenta con el antecedente de una condena firme.

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