Un debate transformado en un grotesco judicial

El Eco

Aquel que salió ayer a media mañana de la sala de debate del Juzgado Correccional pudo haber conjeturado con cierto asidero que si el dramaturgo Roberto Cossa hubiera presenciado aquella escena, lo enmarcaría dentro de sus inolvidables grotescos.

Pasaron cinco años de un incidente donde una mujer quedó sujeta a un proceso judicial por pintar con un aerosol la fachada de la comisaría Segunda. Por el acto vandálico en el marco de una protesta que pedía justicia por el asesinato de su hermano,  estaba sentada en el banquillo de los acusados.

En frente,  el fiscal que entre otras instrucciones que tiene en su haber imputó y llevará a juicio por abuso sexual al abogado que defendía ahora a esa mujer procesada.

Había más. Como primer testigo citado para la ocasión, el policía que por esos años era responsable de la comisaría dañada, el hoy Jefe Distrital de Policía que convive con un presente sensible e incómodo. Su hijo está preso, acusado de integrar una peligrosa banda que perpetró un atraco en Campoamor (ver pág. 2).

El combo lo completaba el juez que llevó las riendas del corto pero intenso debate. Magistrado que debió lidiar con el letrado particular,  más ocupado y preocupado en poner incómodo al policía y al fiscal con quienes evidentemente tiene enconos personales, más que por la suerte de su pupila, quien en definitiva, y a pedido del acusador, de haber condena se tratará de 15 días de arresto de ejecución condicional.

Hasta el mismo fiscal, Marcos Eguzquiza, se encargó de aclarar en su alegato que la escena (el debate para ser más exactos) resultó innecesario. Que se pudo haber salvado –y salvados todos- de esta situación con antelación. Más precisamente si la mujer acusada hubiera cumplido con la sanción que oportunamente se había acordado: tareas comunitarias. Compromiso que no cumplió.

El caso

El caso ventilado se remonta al 8 de marzo de 2013, pocos días después del asesinato de Marito Maciel, cuando Marcela Aranda se manifestó, junto a otras personas, en la puerta de la comisaría Segunda para pedir justicia por el crimen de su hermano. En ese momento, realizó diversas pintadas con aerosol en el frente de la sede policial y en la vereda.

“Cada vez que entres a la comisaría te vas a acordar de lo que le hicieron a mi hermano”, advirtió tras realizar las pintadas. Pocos minutos después aparecieron el comisario Frassi (en ese entonces a cargo de la comisaría) y el subcomisario Aranda, que permanecieron alrededor de media hora frente a unas cien personas que cuestionaban duramente el accionar de los uniformados. Mientras que los manifestantes clamaban la presencia del jefe distrital Jorge Giménez y del titular de la Jefatura Departamental Claudio Ilundayn, ninguno de los dos se hizo presente, a pesar de que estaban adentro de la dependencia. Frassi y Aranda, entonces,  tuvieron que poner la cara frente a las airadas críticas de los manifestantes que expresaron su furia mediante cuestionamientos e insultos.

Luego, los manifestantes se dirigieron al Municipio y realizaron pintadas también allí en las paredes exteriores del edificio comunal, al igual que en la vereda y en la entrada. Además, pegaron dentro de la municipalidad carteles que pedían “Justicias por Marito”, “Que los culpables paguen” y “Queremos la verdad y a los asesinos”.

Por los daños descriptos, se abrió la causa por “Daños”, instrucción que recayó en manos del fiscal Marcos Egusquiza.

En su momento, Aranda junto a su abogado Claudio Castaño habían arreglado una probation, que implicaba realizar un trabajo comunitario en el Banco de Alimentos a modo de pena por el delito cometido, y así lograr que se archivara la causa y no fuera elevada a juicio. Sin embargo, desde el Banco de Alimentos se informó al fiscal que dichas tareas nunca se efectivizaron, por lo cual la causa terminó en el juicio de ayer.

El debate

Pasadas las 9 de ayer, entonces, las partes ingresaron a la sala de debate del Correccional, donde el juez Carlos Pocorena dio por iniciado el juicio con el comparendo del primer testigo: el actual jefe policial Rubén Frassi, quien además de tener que reseñar sobre lo que había ocurrido aquel día cuando él era titular de la Seccional, debió soportar estoicamente las provocaciones e inquisiciones del abogado Claudio Castaño, propuesto a incomodar al de por sí inquieto policía, quien hoy afronta una situación delicada con su hijo detenido por un grave suceso delictivo en Juárez.

El juez Pocorena debió imponer su autoridad en algunos pasajes del interrogatorio, habida cuenta que el defensor parecía empecinado en cuestionar al uniformado más que en mejorar la situación procesal de Aranda, su defendida.

Por caso, arremetió contra lo que él consideró una criminalización de la protesta, no sin dejar de cuestionar las distintas varas con que se manejó –y maneja- la policía como la justicia para con hechos,  a su entender, de la misma naturaleza.

En ese tren, le preguntó qué intervención se hizo cuando un grupo de manifestantes escrachó al presidente Mauricio Macri y su hija en aquella Semana Santa en las puertas del Santísimo Sacramento. O por qué no se intervino cuando él mismo hizo la denuncia telefónica sobre las pintadas que manifestantes de derechos humanos realizaron en el último acto por el Día de la Memoria, cuando pintaron pañuelos blancos en la vereda de la Plaza Independencia.

Con ese tenor Castaño alegaría con críticas el accionar policial como así también el de la Justicia, no sin despotricar contra la misma idiosincrasia tandilense.

Consideró que condenar a Marcela Aranda además de ser injusto sería indecoroso, obsceno, para así pedir por la absolución ya que debía tenerse en cuenta que cuando hizo lo que hizo había pasado apenas tres días de haber enterrado a su hermano.

Acusación

El fiscal, a su turno, había expuesto su “lamento de tener que llegar a esta instancia”, recordando que la causa se había archivado a partir del compromiso de que se iban a realizar tareas comunitarias que, a la postre no se cumplieron. Como ocurriría en una segunda oportunidad.

También dijo que no entendía lo que discutía el abogado Castaño, cuando la propia Aranda reconoció el hecho y se dijo arrepentida de lo que había protagonizado.

Sin mucho más, se tomó del mínimo de la escala penal que establece el código para pedir que la mujer sea condenada a 15 días de prisión en suspenso. Será el juez el próximo 3 de mayo el que dicte veredicto sobre el singular entuerto judicial.

En eso anduvo ayer por la mañana la justicia. Un dispendio innecesario de recursos económicos y humanos para lo que en definitiva tendrá una sentencia de rigor procesal pero que bien podría llenar las líneas del guión de un grotesco.

Guillermo Liggerini

Guillermo Liggerini

Sec. de Redacción El Eco de Tandil

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