Cordones amarillos: la Comisión de Transporte trabaja sobre dos proyectos

El debate por las reservas de estacionamiento en la vía pública continúa activo en el primer piso de la Municipalidad con dos propuestas legislativas sobre la mesa. Los bloques de Acción Tandilense - La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical presentaron de manera independiente proyectos de ordenanza que buscan actualizar la normativa vigente por un esquema más ordenado y restrictivo. Ambos textos se encuentran actualmente en tratamiento en la Comisión de Transporte y Tránsito.

La discusión no surgió de la nada. En los primeros meses del año, el espacio legislativo acumuló más de 20 pedidos de reserva de espacio, una cifra que llevó a pausar el tratamiento de los expedientes para repensar el encuadre.

A esto se sumó la proliferación de cordones amarillos pintados sin autorización en distintos sectores de la ciudad, una práctica que la presidenta de la comisión, Luján Fiego, salió a desalentar: “Ningún vecino puede pintar su cordón de amarillo”, advirtió ante El Eco Multimedios y recordó que esa tarea le corresponde al Municipio.

Sin embargo, la situación también tiene relación con el crecimiento urbano. La demanda sobre el espacio público se extendió más allá del microcentro hacia avenidas y barrios periféricos, mientras que la normativa vigente, considerada “muy laxa” y “permisiva”, no acompañó ese proceso.

La normativa que regula actualmente estos espacios es la Ordenanza 17.409, un encuadre que, según la mirada de los actuales integrantes de la comisión, quedó desfasada frente a la realidad de una ciudad que cambió su fisonomía y su densidad poblacional. 

Aunque los dos proyectos parten del mismo diagnóstico y comparten los pilares centrales del nuevo esquema, presentan diferencias de fondo que la comisión deberá resolver para avanzar hacia una normativa unificada que pueda llegar al recinto para su tratamiento. 

La propuesta libertaria

El proyecto del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza establece como punto de partida que toda reserva de espacio público tendrá carácter excepcional, precario y revocable. “El uso prioritario de la calzada es colectivo y general”, establece el texto, que aclara que cualquier autorización a favor de un particular será de interpretación restrictiva y no generará derechos adquiridos.

“Toda autorización de uso exclusivo a favor de un particular será de interpretación restrictiva, excepcional y no generará derechos adquiridos, debiendo primar siempre el interés general y la fluidez del tránsito por sobre el beneficio individual”, enfatiza.

Para ordenar el esquema, define siete categorías de reservas con requisitos específicos para cada una: organismos oficiales y servicios públicos; personas con discapacidad; establecimientos educativos y centros de salud; carga y descarga; interés comunitario general; áreas de ascenso y descenso de uso común; y sectores exclusivos para motos, bicicletas y dispositivos de micromovilidad.

En materia de plazos, el esquema es diferenciado según la categoría. Las reservas para personas con discapacidad tendrán una vigencia máxima de dos años. En cambio, las destinadas a organismos oficiales, establecimientos educativos públicos y zonas de carga y descarga tendrán carácter permanente mientras subsistan las condiciones que las motivaron.

Para las dimensiones, el proyecto propone tres módulos: hasta seis metros para reservas individuales, hasta 12 para carga y descarga o zonas de alta rotación, y hasta 18 metros para casos excepcionales de escala institucional, que requerirán aprobación del Concejo.

La propuesta contempla además la creación de un Registro Único de Reservas, que centralizará toda la información de las autorizaciones vigentes, incluyendo datos del beneficiario, ubicación, dimensiones y estado del trámite.

En cuanto a los costos, las reservas para organismos del Estado, personas con discapacidad y establecimientos públicos estarán exentas de cánones. Las comerciales y privadas serán onerosas, con montos fijados anualmente por la Ordenanza Impositiva. La señalización estará a cargo del Municipio, pero los costos serán trasladados al beneficiario, salvo en los casos de discapacidad y espacios de uso común.

La propuesta de la UCR

El proyecto del bloque de la UCR parte de un análisis general de la situación y de los inconvenientes que genera el esquema vigente, retoma la experiencia de otras ciudades, entre otras consideraciones, para luego proponer un enfoque que ofrece mayor margen para la reglamentación posterior.

“Resulta oportuno avanzar en una normativa que permita actualizar y ordenar el sistema de reservas de estacionamiento en la vía pública, estableciendo criterios claros para su otorgamiento, vigencia y revisión”, plantea.

Y agrega que la iniciativa busca garantizar una administración “más eficiente” del espacio público, contribuyendo a mejorar la organización del tránsito urbano y promoviendo un uso “más equitativo” de los recursos.

A diferencia del anterior, adopta un criterio uniforme para los plazos: todas las reservas tendrán una vigencia de dos años, tras la cual el titular deberá solicitar una renovación que será evaluada conforme a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

En materia de dimensiones, la UCR fija un límite general de 10 metros lineales para todas las categorías, con posibilidad de excepciones aprobadas por el Concejo en casos debidamente justificados.

Uno de los puntos que distingue a esta propuesta es la prohibición de otorgar reservas en las zonas donde funcione el sistema de estacionamiento medido, dado que esos sectores están destinados a “garantizar la rotación vehicular y el uso equitativo del espacio público”. Solo se admitirán excepciones para personas con discapacidad, servicios de emergencia u organismos públicos, y deberán ser aprobadas por ordenanza del Concejo.

Al igual que el otro proyecto, establece que la señalización estará a cargo del Departamento Ejecutivo y prohíbe la colocación de cartelería particular. También coincide en que las reservas para personas con discapacidad, servicios públicos e instituciones estatales estarán exentas de cánones, mientras que las vinculadas a actividades comerciales o privadas deberán abonar una tasa.

En común

Más allá de las diferencias, los dos proyectos comparten los pilares centrales del nuevo esquema: carácter excepcional y precario de toda reserva, prohibición de pintar cordones por cuenta propia, reempadronamiento obligatorio de las reservas existentes en un plazo de 180 días y caducidad automática cuando desaparecen las condiciones que motivaron la autorización.

En ambos casos, el Concejo Deliberante conservará la potestad exclusiva de otorgar las autorizaciones y el Departamento Ejecutivo tendrá a su cargo el control y la fiscalización.

El desafío de la Comisión de Transporte y Tránsito será encontrar un punto de consenso entre ambas propuestas para avanzar hacia una normativa única que resuelva la problemática actual.

Sobre el autor

Amalia Goñi

Periodista de El Eco de Tandil