El concejal Arrizabalaga defendió la ley y pidió a los diputados no legislar para el lobby inmobiliario

Ayer, el concejal Juan Arrizabalaga (Frente de Todos) expuso ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate para modificar la Ley de Alquileres. También integrante de la Asamblea de Inquilinos de Tandil y de la Federación Nacional de Inquilinos, reclamó a los diputados que no se dejen llevar por el lobby inmobiliario, defendió la normativa vigente y atribuyó la falla al Estado por no controlar la regulación de los contratos. 

El edil tandilense formó parte del grupo de treinta representantes de inquilinos, martilleros, inmobiliarias y propietarios que expusieron en la víspera, en el marco de la comisión que preside Cecilia Moreau, diputada del Frente de Todos. Oficialismo y oposición estarían de acuerdo en modificar dos artículos, el primero es el que determina un plazo de 3 años para los contratos con destino a vivienda –se acortaría a 2 años- y el otro es el ajuste, que hoy se determina por una fórmula que combina el 50 por ciento de inflación (según el Índice de Precios al Consumidor) y 50 por ciento por variación salarial (índice Ripte). 

El representante de los inquilinos rechazó los cambios a la ley vigente, apeló a que se aplique y apuntó al sector inmobiliario, que busca obtener mayores ganancias en un contexto complicado por la inflación. 

Los argumentos

En los cinco minutos asignados para su exposición, el concejal del Frente de Todos consideró que los representantes del sector inmobiliario salían en los medios a decir que “la ley fracasó, en el marco de la crisis habitacional, de una alta inflación, de la pandemia, de promover aumentos siderales en los inicios de los contratos, como hicieron estos meses, cosa que no está regulada por la Ley de Alquileres. Allí es donde tenemos las crisis hoy, en las renovaciones de contratos”.

En tanto, cuestionó que resulta “fácil” atribuir el fracaso a la ley, cuando “nos cobran comisiones inmobiliarias ilegales, por ejemplo en toda la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del país” y agregó que “evadiendo” ya que “no se puede pagar con factura, con transferencia electrónica”. 

También sostuvo que “promovían contratos por un año, violando la Ley de Alquileres, porque si hay algo que el mercado no cumple son las leyes y si hay algo que el mercado inmobiliario no cumple son las leyes: no cumplía la anterior, no cumple esta y no va a cumplir ninguna que venga si el Estado sigue estando ausente en el acceso a la vivienda por alquiler”. 

Juan Arrizabalaga evaluó que las inmobiliarias adoptaron una “posición a la ofensiva, apoyada por los medios hegemónicos y un sector de la política, de la derecha en Argentina, parecía todo un carnaval, hasta que se empieza a transformar en una posición defensiva que es venir a decir delante de todo el país qué es lo que quieren”. 

En tanto, advirtió que el sector expuso que quiere modificar dos artículos porque “no podemos aumentar más los precios” y cuestionó que no busca suspender o derogar sino modificar para “achicar los plazos de contrato, no sólo porque nos cobran comisiones ilegales que no son reguladas por la Ley de Alquileres sino por jurisdicciones provinciales” y precisó que “en la provincia de Buenos Aires nos cobran cuatro por ciento de comisión, en vez de uno o dos por ciento. Nos roban miles y miles de pesos”. Como ejemplo, dijo que en un alquiler de 30 mil pesos mensuales, el inquilino paga 43 mil de comisión “ilegalmente”. 

Las modificaciones

Trató al sector inmobiliario como “señores de la evasión y de la ilegalidad” que pusieron sobre la mesa “lo que no es tan sencillo para los diputados votar” e indicó que pretenden contratos más cortos, “porque los precios de inicio de contrato en Argentina están liberados, están siendo de entre el 100 y el 300 por ciento de aumento en todo el país”. 

En esa línea, remarcó que “no es sólo un problema de CABA, también lo es de las grandes ciudades, de las intermedias, de las universitarias, de las turísticas, de las capitales de provincias, de todo el país”.

“Como no alcanza esa voracidad, queremos también la modificación del método de ajuste porque fue malo para los inquilinos”, dijo con sarcasmo en la voz de las inmobiliarias y agregó que “la idea de que la ley fracasó está asociada a ‘esto fue malo para propietarios e inquilinos’, porque generó escases de vivienda y eso sube los precios”, hipótesis que rechazó.

En cuanto al criterio de ajuste, expuso que “la ley propone que sea anual, por precio oficial y no acumulativo” y sostuvo que el sector “quiere voltear la ley antes de julio porque se cumplen dos años de la Ley de Alquileres. Qué establece, eso que nadie explica de la ley: que son no acumulativos, que son siempre sobre la base”. 

Al dar un ejemplo en números, marcó que en un alquiler de 30 mil pesos, con la Ley de Alquileres en el mes 36 se pagan 60 mil pesos. “En una economía que sufrió 150 por ciento de inflación, la Ley de Alquileres hace que el ajuste en 3 años tenga sólo el ciento por ciento, muy por debajo de la inflación, con precios estables”, defendió. 

Como contrapartida, expuso que “el ajuste semestral de mercado, en un contrato que empieza en 30 mil pesos, a tres años, se va por encima de los 90 mil pesos” y agregó que “en un contrato, como quieren, con ajuste semestral de mercado, acumulativo, liberado, puesto por ellos y con dos años, está encima de los cien mil pesos”. 

Hace falta “coraje”

Arrizabalaga concluyó que “lo que estamos discutiendo acá, el eufemismo de la rentabilidad, es bolsillo de los inquilinos. O sea, ustedes compañeros, en un contexto de inflación, 16,1 por ciento en tres meses, la más alta de los últimos 30 años; contexto internacional inflacionario; crisis habitacional en Argentina; queremos resolver la crisis dándole más poder al mercado. Díganme en qué parte de la Doctrina Justicialista, en qué libro, se encuentra que no es con el Estado que salimos de la crisis, como en 2003, como en el 45, como tantas veces, sino con el mercado”. 

Interpeló a los diputados del Frente de Todos y les reclamó que “los inquilinos nos están pidiendo coraje, el que tenemos todos los días nosotros para decirles a estos evasores porque no registran los contratos, evaden impuestos, no les podemos pagar por transferencia bancaria ni electrónica porque evaden millones, nos cobran de más, abusan de las cláusulas contractuales; ese coraje que tenemos ahora y todos los días, se lo pedimos compañeros a ustedes que lo tengan porque legislar a pedido y en función del lobby inmobiliario, por más poderoso sea, es profundamente antiperonista”.