Política
El Concejo unificó criterios para acompañar el reclamo de la Cooperativa Nuevo Amanecer
Por unanimidad, acordó cuatro propuestas, dos fueron dirigidos al Senado y a Diputados para pedir la prórroga de la expropiación y otro a la Justicia, sumado a una declaración de interés económico y productivo.
La problemática que atraviesa la Cooperativa Nuevo Amanecer logró unificar criterios en el Concejo Deliberante. En el marco de un nuevo encuentro legislativo que se celebró ayer, aprobó por unanimidad cuatro iniciativas que respaldan en términos políticos el reclamo de los trabajadores, que salieron a expresar su preocupación ante el pedido de pago de un millonario alquiler por las plantas que utiliza la firma láctea en Tandil y en Mar del Plata.
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Mientras espera definiciones del Juzgado Civil y Comercial 12 de Mar del Plata que tramita la causa, el Legislativo sancionó una serie de proyectos para sumar respaldos al proceso que llevan adelante los asociados.
El tema lo abrió el tratamiento de una propuesta impulsada por el Frente de Todos con relación a la Ley de Expropiación incluida en el orden del día, que finalmente acordaron su paso a comisión para abordar los asuntos presentados sobre tablas por el oficialismo y la oposición.
La presentación estuvo a cargo de la concejal de Juntos, Sofía López de Armentia, que sumó dos expedientes mediante los cuales el Legislativo se dirige a la Cámara de Senadores y de Diputados de la provincia de Buenos Aires para solicitar la prórroga de la Ley de Expropiación 14.663 a favor de la Cooperativa Nuevo Amanecer, e insta a los concejos deliberantes de Balcarce y Mar del Plata a adherir a la propuesta.
Enseguida, Nicolás Carrillo hizo uso del mismo mecanismo para solicitar el abordaje sobre tablas de un proyecto de resolución por el cual manifiesta preocupación por el canon locativo que se le quiere imponer a la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer haciendo peligrar su continuidad, y solicita enviar copia al Juzgado Civil y Comercial 12 de General Pueyrredón, donde tramita la quiebra.
Poco después, incorporaron un proyecto de ordenanza por medio del cual el Deliberativo declaró de interés económico y productivo para la región a la fábrica láctea.
“La idea fue poner todas las herramientas disponibles desde el Concejo a favor de la cooperativa”, resumió desde su banca López de Armentia.
“Un buen antecedente”
En un amplio planteo sobre el tema en discusión, el concejal del Frente de Todos, Nicolás Carrillo, alertó que todavía “nos falta mucha legislación que reconozca todas estas nuevas realidades” en cuanto a los roles que desempeñan las fábricas recuperadas, por lo que consideró que se trata de un “buen antecedente” que “nos hayamos puesto de acuerdo en hacerle llegar a la Justicia que actualice las miradas sobre estos nuevos procesos”.
“Quienes se desempeñan en estas cooperativas no quieren estar en un proceso de lucha permanente sino dedicarse a su actividad, poder trabajar tranquilos”, detalló el concejal, que calificó de injusta la decisión de la Justicia de ordenar a los trabajadores a afrontar un alquiler “porque es la deuda de una empresa” que quebró.
En su exposición, Carrillo repasó el desarrollo que tuvo el tema, el intercambio con los integrantes de la fábrica recuperada, y agradeció a sus pares por la celeridad en el tratamiento de las propuestas.
“A veces los proyectos de resolución pueden parecer un gesto, pero creo que en este caso estamos abordando algo de fondo, que es empezar a reconocer a las fábricas recuperadas”, planteó.
En detalle, indicó que la cooperativa es una de las más de 400 que funcionan en manos de sus trabajadores en el país, que brindan 20 mil puestos de empleo y que en Tandil son cinco, con 150 asociados. “Nuestro aporte es una gestualidad que no es menor porque está escrita con la lucha de los trabajadores”, resaltó.
Citó el caso de Ronicevi para repasar las modificaciones que atravesó la ley de quiebras en favor de estas experiencias, y que “fue escrita con toda esta lucha”, circunstancia que calificó de “muy importante” ya que “la legislación se va impregnando del movimiento de quienes trabajan”.
Luego, expresó que el proceso de empresas recuperadas es “muy loable”, ya que “primero tienen que aprender a gestionar una cooperativa, a comercializar, a tratar con proveedores”, pero también la puesta en valor de las estructuras.
Pese a estos avances, alertó sobre las “asimetrías” que padecen y expuso a modo de ejemplo la imposibilidad de acceder a créditos productivos.
A modo de contexto, citó la Ley 15.322, que impide desalojos y cortes de los servicios en las fábricas recuperadas, y un proyecto que cuenta con la firma de 40 diputados para que “todas las fábricas recuperadas sean expropiadas por el Estado nacional para terminar con las negociaciones individuales y estos vacíos legales que generan tanta incertidumbre”.
A modo de interrogante, y fundado en la experiencia, dijo “por qué se tarda tanto en resolver cuestiones que ayudarían a mucha gente”, cuando, por caso, Ronicevi decretó la quiebra en 2009 y desde ese entonces “todos los terrenos linderos no fueron rematados y hay trabajadores que desde 2001 están esperando por cobrar sus créditos laborales, muchos ya fallecieron”.
Una inquietud
A su turno, el presidente de la bancada oficialista, Mario Civalleri, se mostró en sintonía con la mirada expuesta en el recinto y confesó que “uno se sensibiliza bastante cuando los trabajadores, a partir de un momento de dificultad, deben reinventarse y asumir un rol empresario que no es sencillo”, por lo que “son merecedores del apoyo que se les pueda dar” desde el sector político.
Sobre el cierre del encuentro legislativo y luego de abordar los proyectos vinculados, el presidente del Concejo planteó como inquietud la posibilidad impulsar acciones que apunten a poner sobre la mesa el mecanismo que prevé la ley de quiebras en cuanto a la venta de bienes para poder hacer frente a los acreedores para que no sean los trabajadores los que afronten esa condición.
El oficialismo impulsó un proyecto de resolución por los recortes en discapacidad
El bloque oficialista elevó ayer un proyecto de carácter resolutivo en el que reclama que se garantice el acceso universal e irrestricto de las prestaciones básicas a las personas con discapacidad.
La resolución -dirigida a la Agencia Nacional de Discapacidad y a la Superintendencia de Servicios de la Salud- solicita que se regularice el pago de todas las prestaciones para personas con discapacidad y se informen los motivos de las demoras registradas en los pagos.
El texto fue redactado luego de que personas con discapacidad, sus familias y prestadores, en todo el país, pusieran de manifiesto que no se está realizando el pago de las prestaciones en tiempo y forma.
Esta situación pone en peligro el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. “La vulneración de esos derechos incumple lo previsto en la Ley 24.901”, que instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
También atenta contra lo previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Además, las leyes 23.660 y 23.661 establecen el régimen de las Obras Sociales y el Sistema Nacional del Seguro de Salud, respectivamente, así como su financiamiento.
El sistema fue creado como un programa solidario de seguridad social, cuyo objetivo fundamental es proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación sobre la base de un criterio de justicia distributiva.
Por estos motivos, entre otros, los concejales de Juntos consideraron “imperioso asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, a través de la unificación de los procedimientos, financiamiento y ejecución de las prestaciones del sistema determinado en la Ley 24.901, integrando políticas, y recursos institucionales y económicos”.
También señalan la necesidad de que el Estado “regularice el pago de todas las terapias y prestaciones para que estos servicios no estén en peligro”.
En este sentido, el concejal Juan Salceda, presidente de la Comisión de Salud, remarcó que “las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud no están abonando las prestaciones en tiempo y forma”.
Los ediles del oficialismo creen “muy necesario” que, “ante un contexto de incertidumbre por posibles modificaciones en la estructura de financiamiento de las prestaciones, se brinde información certera al colectivo de las personas con discapacidad, sus familias, referentes y prestadores”.