Un juez civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios en la que fue acusada de no entregar un lote que habría vendido en el balneario rionegrino de Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el magistrado Santiago Morán, a cargo de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, quien resolvió trabar un embargo sobre la dieta de la legisladora hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos, monto reclamado por el demandante.

Según consta en el expediente, el denunciante aseguró haber adquirido un terreno mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber recibido nunca la posesión del inmueble. En ese contexto, inició una acción principal por daños y perjuicios por el presunto incumplimiento contractual, además del reclamo de un canon locativo.

En su resolución, el juez consideró acreditadas, en esta etapa inicial del proceso, las condiciones legales necesarias para dictar la medida cautelar. En particular, sostuvo que se encuentra probado el derecho invocado y que existe un riesgo cierto ante una eventual demora judicial.

A pesar del embargo, el litigio continuará su curso en los tribunales de Río Negro. En la misma sentencia, el magistrado ordenó remitir la resolución a la Cámara de Diputados y advirtió que la medida deberá mantenerse “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. También dispuso que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y que la orden se cumpla “bajo apercibimiento”.

Villaverde, quien en el pasado debió renunciar a su banca como senadora por una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos, no realizó declaraciones públicas sobre el fallo.

En otros expedientes de características similares, la diputada, en su rol de desarrolladora del loteo, alegó que las demoras en la entrega de los terrenos se debieron a las restricciones del período de pandemia, que habrían extendido los plazos de ejecución de la infraestructura comprometida.

En esta causa, el demandante presentó testigos que afirman conocer la operación de compra del lote, entre ellos una persona que habría actuado como intermediaria para el pago en efectivo de las cuotas.

No se trata del único expediente judicial que involucra a Villaverde por presuntas irregularidades en la venta de terrenos. En los tribunales de San Antonio Oeste tramita otra causa iniciada por un damnificado en una situación similar. En ese proceso, el juez aún no ordenó un embargo preventivo, aunque se estima que podría hacerlo a comienzos de 2026.

En ese segundo caso, el pedido de embargo asciende a 31 millones de pesos, mientras que la demanda total alcanza los 100 millones de pesos en concepto de daño moral y daños punitivos. Allí se menciona el emprendimiento “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde el demandante afirma haber adquirido en 2020 un lote de 465,80 metros cuadrados por un valor de 1.650.000 pesos, abonado con un pago inicial y el resto financiado en 120 cuotas mensuales.

“A pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales. No ejecutó las obras comprometidas ni inició ningún proceso de escrituración del lote”, sostiene la demanda.

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