Presentaron el proyecto para integrar cámaras privadas a la red pública y los ediles marcaron objeciones

El proyecto de ordenanza de integración y enlace de cámaras particulares al sistema de la red de monitoreo llegó al Concejo Deliberante y el tema anticipa un amplio debate.

Ayer por la mañana, el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, se presentó en el primer piso de la Municipalidad para presentar los lineamientos y alcances del programa de participación ciudadana en el sistema de videovigilancia público, una iniciativa que apuesta por la articulación con los dispositivos instalados en casas particulares para la integración tecnológica.

Así, los contribuyentes que adhieran podrán compartir las imágenes que captan las cámaras con el Municipio, siempre que apunten al espacio público. El Gobierno “almacenará y conservará” ese material y si la tecnología lo permite, “podrá operar dichas cámaras remotamente, en caso de ser necesario”. De tal modo, “podremos lograr una gran red de cámaras”.

El funcionario a cargo de una de las áreas de la estructura comunal más cuestionadas por la oposición encabezó la presentación acompañado por el director de Protección Ciudadana, Rubén Diéguez, y lo hizo ante los integrantes de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales.

Participaron su presidente, Marcos Badillo, y sus pares María Haydeé Condino, Rosana Florit (Juntos), Nélida Sereno (Frente de Todos), Juan Manazzoni, Juana Echezarreta y Natalia Chacón (PRO).

Con posturas bien marcadas, los participantes de la mesa tomaron nota sobre la exposición, hicieron consultas y plantearon sus observaciones.

“No estamos tan lejos”, confió Badillo a este Diario, ante los puntos advertidos durante el intercambio, los cuales calificó de atendibles y posibles de mejorar, que no afectan al espíritu de la ordenanza. 

Sin embargo, no faltaron los pases de factura por parte del Frente de Todos, que el año pasado impulsó una iniciativa similar, pese a la explicación que la idea estaba en análisis desde hacía algunos años.

El tema anticipa debate, no sólo por la molestia que persiste en la bancada que preside Darío Méndez, sino por algunos de los puntos que contempla.

Por caso, el artículo cuarto del proyecto de ordenanza despertó alarma, ya que apunta a la adhesión “obligatoria” al programa a emprendimientos o comercios de determinado rubro que cumplan con ciertos parámetros.

Pero además, no estipula ningún beneficio para los contribuyentes que decidan sumarse al registro, como un descuento en la tasa de Seguridad u otro impuesto, y limita al titular del dispositivo a difundir imágenes por las redes sociales porque podría obstaculizar un proceso judicial, según el argumento expuesto. 

En esa línea, el PRO-MID consideró viable la propuesta, “siempre y cuando” sea voluntario.

Ahora, el expediente deberá pasar a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad que preside Guadalupe Gárriz. 

Detalles de los artículos

A través de 23 páginas, el proyecto de ordenanza comienza con una explicación general sobre la iniciativa y con siete capítulos referidos a la creación y objetivos del programa, a la participación ciudadana, al registro de sistemas de CCTV (circuito cerrado de televisión), a los aspectos tecnológicos y funcionalidades del sistema de integración de cámaras particulares, a los derechos y deberes de las partes, a las infracciones y, por último, a la autoridad de aplicación.

El artículo de la polémica, el cuarto, señala que “quedarán obligados de participar del programa y deberán instalar un sistema de características técnicas compatibles los titulares de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución; establecimientos de diversión, entretenimiento o esparcimiento comprendidos en la ordenanza 12.153; los comprendidos en la Ley Provincial 14.050; los que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, como así también aquellos dedicados al traslado de caudales; comercios, centros de compra y servicios que defina la reglamentación atendiendo a su ubicación, características y/o espacio dedicado a la atención al público; establecimientos que desarrollen la cobranza de servicios o impuestos; estaciones de servicio; establecimientos dedicados a la comercialización de juegos permitidos; farmacias; establecimientos educativos privados; estacionamientos o garajes; ferias transitorias de acceso público y masivo; espectáculos públicos artísticos; y deportivos”.

Posible acuerdo

Para el presidente de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, Marcos Badillo (Juntos), el proyecto resulta viable e interesante desde su dimensión del “aporte documental” para el esclarecimiento del delito, pero que podría incorporar algunos cambios en función de las objeciones que presentaron sus pares de otros bloques. “Trabajando algunos puntos, creo que habrá acuerdo”, sostuvo.

En principio, indicó que será “voluntaria” la adhesión de los dispositivos que “sólo apunten a la vía pública” al registro, pero prevé la obligatoriedad en casos en los que, “por la actividad que desarrollan, tienen cierta importancia”, como “supermercados, colegios, farmacias o quinielas”.

Luego, aclaró que la actividad que detecten los dispositivos no será monitoreada desde el centro que tiene a cargo la red pública, sino que “pueda tener acceso desde el sistema en caso de ser necesario”, con el compromiso que ese material “no pueda ser difundido por medios que no sean los oficiales”, para evitar la nulidad de la prueba en el marco de un eventual proceso judicial. 

A las objeciones sobre la obligatoriedad de incorporarse al sistema, respondió que “la gran mayoría” de los rubros alcanzados ya cuenta con una red propia de videovigilancia.

Frente a los planteos, puso sobre la mesa la “gran ventaja” que tiene la propuesta en cuanto al almacenamiento “por más tiempo” de las imágenes por parte del Municipio a modo de resguardo. “En los robos, lo que suelen hacer los delincuentes es sustraer la memoria donde se guarda el material y ahí pierden todo”, expuso el concejal.

Por otro lado, si bien reconoció que estuvo en evaluación por parte del equipo de la secretaría, el impacto de una disminución en el pago de la tasa de Protección Ciudadana no sería significativo para el contribuyente, “pero al sistema lo desfinancia”.

“Al ser voluntario, el que se quiera adherir está contribuyendo con la seguridad de todos”, argumentó Badillo, que deslizó que quizás en una segunda etapa pueda ampliarse este punto.

Con matices, el PRO se mostró a favor del proyecto

Desde el PRO, Juan Manazzoni se mostró a favor de la propuesta elaborada por la Secretaría de Protección Ciudadana en cuanto a los conceptos generales que plantea, pero se enfocó en algunos puntos, aunque destacó la predisposición en atenderlos con miras a lograr un proyecto consensuado.

Primero, marcó que había una iniciativa similar impulsada por su par del Frente de Todos, Guadalupe Gárriz, sobre la cual no hubo referencias, y luego apuntó al artículo cuarto de la propuesta elevada.

“Una cosa es que tengamos la opción de adherir y otra es obligar a invertir” en la instalación de una red privada por tratarse de comercios o actividades de determinado rubro. “Es una locura”, sentenció y agregó que el mantenimiento corre por cuenta del titular del dispositivo y que “los contenidos no podrán ser compartidos en redes sociales”.

“Tenés tu cámara, la mantenés, te cobran la tasa de Protección Ciudadana y dicen que las imágenes no se pueden difundir”, alertó el concejal del PRO, que comparó la experiencia de Pinamar, en la que los contribuyentes reciben un beneficio impositivo por sumarse a la red pública. “Nos dijeron que acá era inviable”, aseguró. 

“Desprolijidades”

Por su parte, desde el Frente de Todos expresaron su molestia por las “desprolijidades” del Ejecutivo en cuanto a la presentación de una iniciativa similar a una que elaboró y presentó la bancada en julio del año pasado vinculada a la creación de un registro voluntario que reúna los datos sobre los dispositivos de entidades públicas y locaciones privadas que registren la vía pública, con autoridad de aplicación en la Secretaría de Protección Ciudadana.

En ese sentido, la concejal Guadalupe Gárriz, autora de la propuesta, aseguró que el accionar representa una “falta de respeto al trabajo y a las instituciones”, y remarcó como cuestión central “la posibilidad de discutir los proyectos”.

Tras el descargo, dijo que esperarán que el expediente que se trató ayer en el marco de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales sea girado a la de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad que preside la edil. “No hay negación a tratar los temas, pero hay que hacerlo con argumentos”, afirmó.