El Gobierno reglamentó beneficios para inversiones y un nuevo protocolo de semillas

La relación entre el gobierno nacional y el sector agropecuario sumó nuevos capítulos tras la publicación de dos resoluciones oficiales. Por un lado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una iniciativa vigente desde abril que ahora define los bienes que califican como inversión productiva.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, el beneficio alcanza a equipos de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes, como animales destinados a la reproducción. Los productores que adquieran estos elementos podrán acceder a una amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y a la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA.

En paralelo, la cartera de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) establecieron un protocolo para el control de la identidad varietal en granos. El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, defendió la medida en redes sociales: “Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso”.

El funcionario sostuvo que el esquema busca proteger la propiedad intelectual y fomentar la inversión en nuevas variedades, con una proyección oficial de aumentar las exportaciones en 4 mil millones de dólares anuales. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclaró que el sistema es voluntario y se aplicará solo a los cultivares inscriptos en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares y en el Registro Nacional de Cultivares a partir de ahora.

Sin embargo, la medida fue recibida con críticas desde el sector. Pablo Ginestet, dirigente de CARBAP y de la Asociación Rural de Henderson, cuestionó la implementación del protocolo: “Sacan una resolución que obliga a terceros que nada tienen que ver el negocio de la semilla, a tomar las muestras y entregarlas. Muy liberal todo”.

El dirigente agregó que la resolución no soluciona los problemas de fondo y advirtió que la iniciativa solo generará mayor conflictividad en el mercado de granos.

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