Inquilinos preocupados por el vencimiento de contratos y la dificultad para pagar el alquiler
El mercado de alquileres es otra de las áreas afectadas por la parálisis económica producto de la cuarentena obligatoria. El Gobierno nacional anunció congelamiento de cuotas y prohibición de desalojos. Desde Tandil celebraron las eventuales medidas y esperan mayores precisiones para atender las particularidades de cada caso.
Frente a esto, desde el Gobierno nacional comenzaron a pensar en herramientas para ofrecer alivio a los inquilinos, congelando las cuotas de los arrendamientos y créditos hipotecarios, e impidiendo los desalojos por un plazo de 180 días.
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Si bien en principio se intentó elaborar un proyecto de ley para que tratado en las cámaras, finalmente la resolución saldría por decreto –con el aval de todos los bloques políticos- ante el riesgo de movilizar a más de 300 legisladores desde diferentes puntos del país.
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Consultado por este Diario, Gustavo Favre, presidente del Centro de Martilleros de Tandil, consideró que la medida es “muy buena” y va a servir para atenuar el impacto de la pandemia en las economías hogareñas, que verán resentida su capacidad de pago.
“Creo que eso ayudaría mucho en este momento porque va a haber mucha gente con problemas, no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esto, los negocios están cerrados, quienes dependen de esa actividad van a ver restringidos sus ingresos. Ante esa situación es una buena medida que por lo menos no te digan que a partir del mes que viene tenés que pagar un 30 por ciento más, es un paliativo hasta que todo se acomode de vuelta”, consideró.
Favre resaltó que deberá cuando entre en vigencia la medida tendrán mayores precisiones acerca de los alcances y condiciones que permitirán gestionar esta circunstancia excepcional.
“Hasta ahora solo se ha hablado de congelamiento de alquileres y de hipotecas. Atrás de eso tendrán que dictar medidas como posponer los pagos, es imposible cobrar un alquiler si la cuarentena se extiende hasta el 15 de abril y la cuota vence el 10, la inmobiliaria va a estar cerrada”, evaluó.
Mudanzas en suspenso
El corredor inmobiliario detalló que no han recibido consultas salvo algunos casos aislados y enfatizó que “la gente sabe de esta situación”, lo que suma a tratar de brindar facilidades en esta coyuntura atípica. La temática que sí provocó mayor caudal de interrogantes fue el vencimiento de contratos. Es que la imposibilidad de mudarse es otra de las caras de esta problemática que atraviesa al mercado de alquileres.
Este aspecto también deberá contemplarse, ya que deberán prorrogarse de forma automática por un tiempo ante las limitaciones impuestas, que impiden, naturalmente, la realización de una mudanza. “Sí recibimos consultas por mudanzas, pero el gobierno nos dice que nos quedemos donde estamos, nadie los va a echar ni va a tener problemas por eso”, justificó.
Esfuerzo de partes
Matías Martínez Marini es el titular de la Oficina Municipal de Inquilinos, y en conversación telefónica con El Eco de Tandil, expresó que a partir de este escenario inusual surgen todo tipo de inquietudes.
“Más allá del decreto, que debería salir antes del 1 de abril para que abarque los pagos venideros, se tiene que apelar al esfuerzo compartido de partes. Desde mi percepción hay que estudiar cada caso en particular”, consideró. El funcionario se mostró alineado con la iniciativa de congelar las cuotas y prohibir los desalojos. No obstante, ofreció reparos ante la propuesta de un sector de inquilinos que pidió la suspensión de pagos.
“Se habló del no pago, que es una medida mucho más fuerte. Por ejemplo, hay jubilados que se compraron un inmueble para tener un ingreso extra para complementar la jubilación y depende también de ese ingreso. Esto puede ser tan perjudicial para el locatario como para el locador, que se lo compró para tener una renta extra más allá del salario o jubilación”, ilustró.
Las múltiples aristas que se desprenden a partir del aislamiento total y el freno de las actividades económicas, trazan un mapa heterogéneo en el ámbito inmobiliario. Asimismo, Martínez indicó que “los empleados estatales son los que hoy con más seguridad podrán tener su ingreso asegurado y si quien le alquila es cuentapropista, se producen situaciones desfavorables para ambos sectores si no tienen liquidez”.
“Se va a resolver con sentido común y buena voluntad de las partes quienes somos profesionales tendremos que intervenir para tratar de lograr el común acuerdo. En este caso el DNU sería una norma superior”, refirió.
Locales comerciales
El funcionario planteó que hay dudas sobre al alcance de las eventuales medidas, en torno a si van dirigidas a los alquileres de vivienda o también a los arrendamientos de locales comerciales. “No son todos iguales, no es lo mismo un local de barrio que una cadena de establecimientos, el comerciante que alquilo el mes pasado y tenía todo preparado para abrir y no pudo trabajar no genero ingresos económicos para pagar el alquiler”, exhibió.
“Es una situación grave, pero creo que se están haciendo las cosas bien”, dictaminó.
El pedido de los inquilinos
El referente local de la Red de Inquilinos, Juan Arrizabalaga, informó que están dialogando con el Gobierno nacional y atentos a la situación de los inquilinos tandilenses.
Desde la Federación de Inquilinos nacional manifestaron su acuerdo con el anuncio del Presidente de congelar los alquileres y la suspensión de los desalojos, al considerar que estas medidas constituyen un avance para contener la emergencia habitacional que se desarrolla de manera progresiva. Afirmaron que “medidas excepcionales en este panorama tan crítico por el que atraviesa actualmente nuestra población, demuestran que es necesario un Estado activo en garantizar derechos constitucionales fundamentales como la salud y también el acceso a la vivienda digna que garantice cumplir con las medidas sanitarias”.
Desde la entidad esgrimieron que deberán tomarse en cuenta otros puntos, aparte del congelamiento de costos, como la suspensión del pago de los alquileres para aquellas personas que no pueden generar los ingresos para afrontar el pago; la extensión automática de los contratos; la transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas sin ningún tipo de costo; y la creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.