Estamos cerrando el 2021 y como siempre es una fecha de balances. El doctor en economía Daniel Hoyos Maldonado comparte un interesante análisis sobre la guerra de etiquetados y envases.El análisis completo es exclusivo para los suscriptores. Elegí el plan que se adapte a tus preferencias y accedé a todo el contenido premium <a href="https://www.eleco.com.ar/planes">haciendo click acá.</a>

Si escuchamos la palabra “recalculando”, probablemente, vendrá a nuestra mente la sigla GPS (iniciales, en inglés, del Sistema de Posicionamiento Global). Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones y, fundamentalmente, brinda datos que permiten mejorar la toma de decisiones en materia de transporte y localización.Al mismo tiempo, el término “recalculando” nos induce a pensar que se ha producido un desvío respecto del plan original de navegación. Esta circunstancia puede ser fruto de un error cometido en la ejecución del plan mencionado o, alternativamente, puede tratarse de una nueva decisión que rectifica la planificación original.De manera análoga, podría aplicarse la expresión “recalculando” para interpretar la política económica. Habitualmente, se plantea que el objetivo principal de la misma es alterar o rectificar los resultados alcanzados en el mercado, a partir de la libre interacción de los ciudadanos.En este contexto, vale preguntarse sobre cuáles son las razones que motivan este comportamiento gubernamental tendiente a “enderezar” las decisiones de los agentes privados. Muchas interrogantes pueden surgir:¿Los ciudadanos son miopes? ¿no son racionales? ¿actúan en contra de su propio interés?... y se podría seguir hasta el infinito.No obstante, en mi opinión, hay tres principales motivaciones detrás del actuar de los gestores de la política económica: las preferencias, la información y la ideología.Las preferencias: Los funcionarios pueden considerar que sus escalas de valores son “mejores” que las sustentadas por los ciudadanos.Un claro ejemplo de este fenómeno es el argumento redistributivo. El funcionario podría cavilar en torno a: ¿por qué un determinado bien o recurso tendría que pertenecer solamente a un grupo de personas? ...pudiendo ser “redistribuido” en otro grupo que, incluso, podría tener una mayor cantidad de integrantes. Claro está que se trata de un simple cálculo aritmético que omite cualquier referencia al esfuerzo invertido para producir u obtener tales bienes o recursos.La información: Se suele suponer que los gobernantes cuentan con mayor información que los ciudadanos. En algunos casos, esto debería ser así como, por ejemplo, en temas vinculados a la seguridad.Sin embargo, la burocracia suele tener la curiosa afición de pretender tener un conocimiento superior en otras ramas de la actividad humana. Precisamente, en aquellas en las que los ciudadanos desarrollan como medio de vida.En el mejor de los casos, las oficinas gubernamentales pueden convertirse en grandes repositorios de datos. Luego, acumular millones de “bits” en las computadoras de las oficinas públicas no significa que el estado cuente con mayor calidad informativa para resolver las cuestiones de fondo.En Argentina, los ejemplos abundan. Probablemente, la secretaría de comercio interior es una repartición especializada en esta actividad. Para ilustrar este punto, se pueden mencionar un par de iniciativas: (i) el SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos) una majestuosa base de datos de los precios minoristas de más de 70.000 productos; y (ii) el SIPRE ( Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica), que obliga a más de 1.000 empresas a declarar mensualmente los precios y cantidades vendidas de sus productos intermedios y finales. Adicionalmente, el INDEC recopila, mensualmente, más de 320.000 precios para elaborar el índice de precios al consumidor.Evidentemente, el gobierno argentino tiene muchos datos disponibles sobre precios, pero, es claro, que poco le sirven para abordar, exitosamente, el problema de la inflación.La ideología: En realidad, una mejor aproximación al tema sea la planteada por Mendoza, Montaner 1 y Vargas Llosa (1998) : la enajenación ideológica. Esta expresión, acuñada en su libro Fabricantes de Miseria, hace referencia a “…a sistemas, valores o simples intuiciones que, al final del camino, negaban la libertad…”Si bien los autores la formularon pensando en ciertos intelectuales latinoamericanos, podría ser aplicada, análogamente, a la denominada “clase o casta política”. En Argentina, particularmente, el grupo dirigente ha adoptado, hace décadas, una perspectiva sesgada y prejuiciosa – en general opuesta, a las soluciones prácticas adoptadas en el mundo desarrollado – que han limitado las opciones de política económica, conduciendo a que buena parte de la sociedad viva por debajo de la línea de pobreza.En el caso argentino, la combinación de estos tres factores se convierte en un lugar común que emerge ante cada “nuevo problema”. La consecuencia: propuestas de “solución” evidentemente alejadas del óptimo y, por supuesto, de las experiencias exitosas a nivel internacional.El ejemplo: la guerra de los envasesEn 2021, de manera similar que Don Quijote con los molinos de viento, el gobierno decidió emprender una guerra contra los envases. Y, en este contexto belicoso, se ha empeñado en proponer y adoptar las peores “soluciones” disponibles en el planeta y sus alrededores.El primer round de esta pelea se dio en marzo de este año. En esa oportunidad, se creó el SIFIRE (Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas). Ignorando el régimen penal preexistente, la secretaría de comercio interior decidió “evitar” el surgimiento de ventajas comerciales a partir de la existencia de vacíos informativos y la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas en los rótulos y etiquetas de los productos.¿Cómo lograría, la secretaría, tal preciado objetivo? Creando otra base de datos…Así, las empresas proveedoras de alimentos, bebidas, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza del hogar tienen que presentar a dicha secretaría documentación específica de cada producto.Imagine, por un segundo, un supermercado. Trate de visualizar la variedad de productos que se exponen en las góndolas. Bueno, la mencionada secretaría exige que cada compañía le presente:<ol style="list-style-type:lower-roman;"><li>gráficos a colores del rótulo y etiqueta para cada una de las presentaciones de cada producto;</li><li>datos del importador/fabricante;</li><li>marca o modelo, artículo o nombre del producto;</li><li>país de origen;</li><li>descripción y composición de los productos fabricados o importados;</li><li>información completa de sus componentes, materias primas, aditivos, métodos de elaboración y fraccionamiento o envasado;</li><li>propiedades y prescripciones o indicaciones para consumo</li></ol>Un evidente sinsentido, mayores costos para las empresas que, consecuentemente, terminan pagando los consumidores.No conforme con lo anterior, se desarrolló un segundo round en esta batalla: la ley del etiquetado frontal.En esta oportunidad, cada envase deberá lucir un octógono indicando si se excede de determinados parámetros en azúcares, grasas, calorías o sodio. Apesar de las buenas experiencias mundiales, se ha decidido adoptar la peor “solución”: no se informa…informando.Aqué me refiero: el famoso octógono, por ejemplo, no aporta nada respecto al perfil nutricional de los alimentos.En el mundo, ¿se ha resuelto mejor? Repasemos algunos casos.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2021/12/1_d.png" alt="1"></figure>¿Cómo funcionaría?<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2021/12/2_d.png" alt="2"></figure>Si se hubiere adoptado un sistema como el francés, por ejemplo, el consumidor podría evaluar comparativamente los productos, adicionando información para su decisión.Si bien, en Argentina, se utiliza un instrumento similar para categorizar la eficiencia de los diferentes artefactos hogareños en el consumo eléctrico, se decidió por un mecanismo que solo aporta datos obvios como se desprende de la imagen.Entiendo que las palabras sobreabundan, pues, las imágenes son suficientemente descriptivas. Cuál ha sido la conclusión de este segundo round. El gobierno se inmiscuye en una cuestión que, evidentemente, no ha sido estudiada de manera profesional, proponiendo una alternativa inapropiada y que solo contribuye a agregar más confusión.Ahora bien, que hay en el trasfondo de ambos rounds: varias presunciones, ciertamente discutibles. Por un lado, se infiere cierta desconfianza de los gobernantes hacia el comportamiento de los directivos de las empresas. Pareciera que éstas se encuentran conducidas por unos seres amorales cuya función sería engañar, estafar, vender malos productos, etc. al público.En realidad, las compañías están sujetas a la competencia y tienen que realizar su mejor esfuerzo para no ser desplazadas por sus adversarios, tanto en precios como en calidad. Todos recordamos muchos productos o servicios que fueron líderes, en algún momento, y hoy han desaparecido.¿Pueden existir comportamientos fraudulentos? Por supuesto, pero para eso está el código penal y la justicia, no las presunciones basadas en prejuicios ideológicos.Al mismo tiempo, se califica a los ciudadanos, en su rol de consumidores, como si fueran “cajas bobas” que no tienen libertad de elección, y se encuentran obligados, por las corporaciones, a comprar compulsivamente productos que los perjudican. En verdad, más que sellos en las etiquetas, las personas necesitan una mayor disponibilidad de bienes entre los que elegir, como ocurre en las mejores economías capitalistas.Claro está que para que esto ocurra, se necesita un buen clima de negocios, desregular la actividad económica y una menor presión fiscal que potencie la inversión para lograr un mayor nivel de producción y de variedades de bienes y servicios.A la par, las medidas también incluyen presunciones relativas al comportamiento del estado. Así, se asume que el estado está conformado por seres angelicales cuya única finalidad en la vida es ser servidores de un hipotético bien común. Esto ya fue refutado por autores como Buchanan, Tullock, entre otros. Los gobernantes, como cualquier ser humano, tienen agendas propias y tratan de maximizar su bienestar. La diferencia está en el hecho que detentan el monopolio de la fuerza ejerciéndolo sobre el resto de los ciudadanos, en cuestiones que no son de su incumbencia.En tanto, el último supuesto es la superioridad informativa que, como ya vimos, es una simple acumulación de datos que no conduce, necesariamente, a resolver problemas reales.Finalmente, en estas últimas semanas, se ha desarrollado, en el parlamento, el tercer round de esta particular guerra contra los envases.&nbsp;Este round tiene un nuevo título: Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores. La supuesta temática: el cuidado ambiental.La realidad: La creación de un nuevo impuesto, disfrazado de tasa ambiental. El tema da para mucho, pero me voy a concentrar en tres aspectos que hacen a la lógica de este artículo.En el mundo se usan impuestos o tasas ambientales para generar incentivos que cambien la conducta de quienes generan residuos: los consumidores. En Suiza, por ejemplo, cada persona que desecha residuos debe pagar en función del peso de los mismos, generándose así incentivos para atenuar su volumen. Por el contrario, aquí se pretende cobrar un tributo a las empresas, por lo que no se van a generar cambios en el comportamiento de los consumidores, que es lo hipotéticamente buscado.El diseño del tributo es como mínimo malo desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la igualdad de trato. La alícuota del impuesto es indefinida como así también las exenciones. Cada firma debe estimar la alícuota para cada producto en función de una difusa fórmula, contemplada en el proyecto de ley. De esta manera, hasta tanto no rigiera la prescripción, la AFIP podría plantear un ajuste retroactivo de la cuantía del impuesto si tuviera una opinión diferente respecto al modo de cálculo de la citada fórmula.Adicionalmente, la base de cálculo del gravamen, también, será distinta aún para aquellos bienes que presenten envases de igual material, formato y contenido, pues, dependerá del precio de los bienes que se comercialice.Por último, a diferencia de la experiencia mundial donde las iniciativas de este tipo tienden a ser desarrolladas en forma descentralizada – respondiendo a cada realidad territorial – aquí se asume un enfoque centralizado, tanto en lo referido al manejo financiero como a la selección de proyectos. En definitiva, todas estas iniciativas tienden a agregar nuevos hilos en la telaraña argentina, en 2 palabras de Carlos García Martínez quien, a la distancia, resume en una frase todo este experimento que hemos descripto como la guerra de los envases:“…para satisfacer su prurito de originalidad que demuestre a todos su alto vuelo mental, son capaces de retorcer la vida social a un punto tal que los sofistas parecen niños de pecho comparados con sus malabarismos de conceptos y palabras...”.<figure class="image"><img src="https://cdn.eleco.com.ar/media/2021/12/3_d.png" alt="3"></figure>&nbsp;Este es un contenido producido por el <a href="https://www.econ.unicen.edu.ar/ie/">Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unicen</a>&nbsp;

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