Brian Urban advirtió por el impacto de la quita de Zona Fría en Tandil

La modificación de la Ley de Zona Fría, sancionada recientemente por el Senado de la Nación, generó preocupación entre las instituciones comunitarias de Tandil. Brian Urban, referente de la Biblioteca Popular Sarmiento, analizó las consecuencias que la medida podría generar en asociaciones civiles, centros de jubilados y otros espacios de contención.

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Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1,  Urban cuestionó la eliminación de los descuentos contemplados para las entidades de bien público y advirtió que la modificación tendrá un impacto directo sobre sus costos de funcionamiento.

Según explicó, la quita del beneficio del 50% sobre el cuadro tarifario, junto con cambios en la base imponible de los impuestos y un incremento en el aporte al fondo fiduciario, podría traducirse en facturas de gas considerablemente más elevadas.

“Para quienes dicen que esto no afecta a las entidades de bien público, eso es falaz. Leyendo la ley, nos encontramos con que vamos a tener facturas hasta un 50 por ciento con mayor valor”, afirmó.

El referente sostuvo además que la tarifa diferencial vigente desde 2015 no compensa la eliminación del beneficio de Zona Fría, debido a que este último alcanzaba a la totalidad de los componentes de la factura.

El gas, un servicio esencial para las instituciones

Urban remarcó que el consumo de gas en bibliotecas, clubes y centros de jubilados está directamente relacionado con las actividades que desarrollan y con la atención de sectores vulnerables.

En el caso de la Biblioteca Popular Sarmiento, explicó que la calefacción resulta necesaria para sostener talleres, propuestas de promoción de la lectura y distintas actividades destinadas a la comunidad. “Parece que hay que explicar lo obvio: en Tandil hace frío. No estamos en la biblioteca con un jacuzzi o un centro de jubilados con piletas climatizadas. El consumo está vinculado a poder dar un servicio”, sostuvo Brian Urban.

Asimismo, cuestionó que Tandil quede alcanzada por la modificación mientras otras ciudades de la Patagonia mantienen el beneficio, pese a presentar condiciones climáticas similares.

Desde su perspectiva, la situación plantea un debate jurídico y constitucional vinculado con la posible regresividad de derechos de las instituciones de la sociedad civil.

Reclamos ante los senadores nacionales

Urban repasó las gestiones realizadas junto con otras organizaciones locales, entre ellas el Club Unión y Progreso, para advertir a los senadores nacionales sobre el impacto de la modificación.

Si bien reconoció que hubo instancias de diálogo, lamentó que las particularidades de las asociaciones civiles no hayan tenido suficiente lugar en el debate legislativo. “No hay interlocución, y menos en buenos términos. No son cuestiones personales ni partidarias; estamos hablando de que una institución que trabaja con cultura, con discapacidad o un comedor comunitario no va a tener zona fría”, explicó.

En ese sentido, señaló que existe un posible “vacío operacional” en el nuevo esquema de subsidios focalizados impulsado por el Gobierno nacional, debido a que estaría pensado principalmente para personas físicas y no contemplaría de la misma manera la situación de las entidades comunitarias.

La brecha digital, otra dificultad

Por último, el referente de la Biblioteca Popular Sarmiento puso el foco en las dificultades que pueden enfrentar algunas personas para acceder a los mecanismos digitales necesarios para realizar trámites y solicitar beneficios.

“Estamos discriminando a las personas que no saben utilizar una aplicación o no tienen acceso a la tecnología. Es una lectura que no hemos dado lo suficiente”, planteó.

Ante este escenario, reclamó que las futuras reglamentaciones contemplen mecanismos de acompañamiento territorial que permitan a las instituciones y a sus integrantes acceder a los beneficios disponibles y sostener las actividades que desarrollan en la comunidad.

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