Gabriela Marti alertó por los recortes en discapacidad

La abogada Gabriela Marti, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, expresó su preocupación ante el proyecto de presupuesto nacional que contempla recortes en esta área sensible. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la letrada subrayó que el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones, dado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad posee rango constitucional en nuestro país.

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Marti enfatizó que, más allá de las decisiones políticas de ajuste, existe una barrera legal: el cumplimiento de las normas. “El Estado argentino aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto hace que el Estado tenga la obligación de poner en funcionamiento y aplicar políticas en materia de discapacidad”, afirmó.

La especialista explicó que el sistema atraviesa una situación crítica debido a la falta de cumplimiento de la ley de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. Según detalló, si el Congreso no prorroga esta normativa, el pago de las prestaciones adeudadas podría volverse inviable. A esto se suma el desfasaje del nomenclador frente a la inflación y las restricciones para acceder a pensiones no contributivas.

Al ser consultada sobre las consecuencias directas de estas medidas, Gabriela Marti fue contundente: “Si vos reducís el fondo, pasa lo que está pasando ahora. Es decir, las obras sociales cada vez dan menos coberturas y aparte es aleatorio”. La profesional señaló que, ante un mismo diagnóstico, la respuesta de las prestadoras puede variar, dejando a muchas personas sin acceso a terapias fundamentales, acompañantes terapéuticos, medicación o una escolaridad adecuada.

El impacto en la calidad de vida de las familias

Para la abogada, el conflicto trasciende lo administrativo y se traduce en un drama cotidiano para quienes necesitan estas prestaciones. “En algunos casos va la vida, porque a veces hay personas que tienen un certificado de discapacidad y la obra social no te brinda los medicamentos”, advirtió.

La falta de cobertura obliga a las familias a reorganizar su vida y afrontar un desgaste emocional y económico constante.

Marti detalló que, ante la negativa de las obras sociales, solo una pequeña parte de los afectados recurre a la Justicia. “De 100 personas que tienen un certificado, a algunas les digo que no al 100% de lo que me piden, a otras les digo que no al 50%. De esas 100 personas, ocho o nueve irán a consultar a un abogado a ver qué herramientas tienen como para salir de esa situación y de esas 8, 10, tres o cuatro interponen un recurso de amparo”, graficó.

Si bien la Justicia suele responder favorablemente mediante los amparos, Gabriela remarcó que los tiempos judiciales no siempre coinciden con las necesidades urgentes de los pacientes. También cuestionó la falta de información por parte de las obras sociales y prepagas, que, según indicó, no siempre notifican a sus afiliados sobre los derechos vinculados al certificado de discapacidad.

Ante este escenario, muchas familias deben buscar asesoramiento legal externo para acceder a prestaciones que consideran indispensables.

Finalmente, Gabriela Marti sostuvo que, si bien la problemática ha ganado visibilidad en la agenda pública respecto de años anteriores, todavía falta una política de Estado sólida y sostenida. “Esto no es una cuestión de un gobierno de turno, esto viene de larga data. Hay que trabajar y se habla, y hoy lo podemos hablar, pero la realidad es que es desgastante porque me parece que ya hay que empezar a trabajar de verdad”, concluyó.

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