Adolfo Loreal: "El régimen penal juvenil debe priorizar la restauración"

El licenciado Adolfo Loreal, psicólogo y perito forense del Fuero Penal Juvenil, analizó la reciente modificación del régimen de responsabilidad penal juvenil y cuestionó que el debate quede concentrado exclusivamente en la edad de imputabilidad. Durante su participación en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, sostuvo que el eje debería estar puesto en la protección y restauración de los adolescentes, además de las condiciones sociales que atraviesan sus trayectorias.

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Con una extensa experiencia en el ámbito judicial, Loreal recordó que comenzó a trabajar en el fuero de menores en 1993 y repasó los cambios que atravesó el sistema, desde los antiguos tribunales de menores hasta la creación de los juzgados de familia en 2008.

Según explicó, aquella transformación buscó evitar la estigmatización de niños y adolescentes, aunque con el tiempo se consolidó una estructura burocrática que, en determinados casos, no consiguió dar respuestas frente al deterioro de los vínculos familiares y sociales ni ante situaciones de abandono.

La intervención ante situaciones de vulnerabilidad

Durante la entrevista, Adolfo Loreal puso el foco en las situaciones de extrema vulnerabilidad que atraviesan algunos niños desde sus primeros años de vida. En ese sentido, mencionó casos registrados de bebés nacidos con presencia de cocaína en sangre y consideró que esas situaciones evidencian la necesidad de una intervención temprana de las instituciones.

“Si la familia falló, ese lugar que la familia no ocupó lo deben ocupar las instituciones”, afirmó.

Para el profesional, la intervención estatal no debería limitarse a actuar cuando el conflicto ya alcanzó una instancia penal, sino que debe comenzar ante las primeras señales de abandono, maltrato o ausencia de cuidados.

Violencia, vínculos y responsabilidad adulta

Otro de los ejes abordados fue la relación entre las experiencias de vida de algunos adolescentes y las conductas violentas. Loreal se refirió a testimonios de jóvenes que describen la violencia como una herramienta para sobrevivir o conseguir dinero y sostuvo que esas conductas deben ser analizadas dentro del contexto en el que se desarrollaron.

“Ese chico representa a una población que vive así y piensa así”, señaló.

En esa línea, planteó que la responsabilidad no puede diluirse bajo la idea de que el problema corresponde a “toda la sociedad”. A su entender, existen adultos e instituciones con responsabilidades concretas frente a las señales de vulnerabilidad.

“La responsabilidad tiene nombre y apellido”, afirmó, y mencionó entre otros actores a profesionales de la salud, docentes y funcionarios que deben intervenir cuando existen indicadores de maltrato o abandono.

Para Adolfo, el abordaje debería contemplar educación, atención sanitaria y acompañamiento terapéutico, antes que reducir la respuesta al encierro.

El desafío de aplicar el nuevo régimen

Al referirse específicamente a la modificación del régimen penal juvenil, el especialista valoró que pueda abrir una instancia para revisar el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley, aunque advirtió que los resultados dependerán de cómo se implemente.

“Si esto es para que dos años antes los tiremos detrás de unos barrotes, me parece aberrante. Ahora, si esto realmente es para restaurar, ahí está el compromiso de los municipios y la provincia”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de que las distintas áreas del Estado trabajen de manera coordinada y que las medidas destinadas a los jóvenes no se reduzcan a una respuesta exclusivamente punitiva.

También destacó las posibilidades que ofrece Tandil por su escala y por la cercanía entre los distintos actores que intervienen en estas situaciones. “Tenemos una comunidad todavía a escala humana como para poder trabajar esto, porque también se saben los nombres y los apellidos de todos los actores”, expresó.

Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer la articulación entre la Justicia, los municipios y los organismos provinciales para generar respuestas integrales que permitan intervenir antes de que las situaciones de vulnerabilidad deriven en nuevos conflictos.

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