Polémica iniciativa sobre jueces de faltas y allanamientos por ruidos molestos
En diálogo, Javier López, Secretario de Legal y Técnica del municipio, abordó las "divergencias" u "diferencias" que han surgido entre algunos concejales de la oposición respecto a la potestad de allanamiento.
López explicó que el proyecto tiene la intención de dotar a los jueces de faltas de herramientas para actuar con mayor celeridad en el marco contravencional, incluyendo órdenes de allanamiento, secuestro y decomiso. Resaltó que cuando hay un delito, interviene la justicia general o federal, pero en el ámbito de las contravenciones, son los jueces de faltas quienes actúan.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa preocupación principal que ha generado el debate se centra en la facultad de allanamiento y la posible afectación a la propiedad privada. Sin embargo, López fue categórico al afirmar que esta potestad de allanamiento estaría prevista y sería constitucional. Se ampara en el Artículo 24 de la Constitución Provincial, que faculta expresamente a las autoridades municipales o jueces de falta a disponer de órdenes de allanamiento en casos donde se vea afectada la salubridad pública. "Desde el punto de vista jurídico y de los derechos individuales de cada persona, obviamente la protección sobre el domicilio, que es inviolable, ¿no es cierto?", introdujo López, para luego aclarar que la Constitución Provincial provee el marco legal para estas excepciones.
El secretario subrayó que la salubridad pública no se limita solo a cuestiones sanitarias, sino que también abarca la contaminación acústica generada por los ruidos molestos, como los provenientes de motos con escapes adulterados que no cumplen con la ley de tránsito nacional. Además, mencionó que el concepto de salubridad pública puede incluir la gran cantidad de accidentes de motos que comprometen el sistema de salud pública, o el impacto en personas con trastornos del espectro autista o sensibilidad a los ruidos. López hizo referencia a fallos de la Cámara de Mar del Plata que respaldan esta facultad constitucional de los jueces de faltas, confirmando que es una facultad que emerge del Artículo 24 y "no entra en juego de discusión".
López también desmintió las versiones de que los propios jueces de faltas tuvieran reparos sobre la iniciativa. "La justicia de faltas depende de mi secretaría... la postura de los jueces de falta desde el primer momento fue la de acompañar un proyecto de ordenanza, pero siempre, obviamente, y cuando este proyecto de ordenanza tuviera raigambre legal y constitucional", afirmó, añadiendo que los jueces conocen las facultades que emergen del Artículo 24. Aseguró que los jueces estarían dispuestos a aplicar estas herramientas, siempre en cada caso concreto, con una "resolución fundada con elementos de prueba".
El espíritu de esta iniciativa, según López, es cubrir un "gris" en el ámbito judicial donde muchas veces los casos de ruidos molestos o conducción peligrosa no constituyen un delito penal, lo que impide la intervención de la justicia ordinaria y lleva a que los casos se diluyan. La ordenanza, por lo tanto, busca "dar herramientas" a los jueces de faltas para que, a pedido de funcionarios policiales o de la Dirección de control urbano vehicular, puedan conceder estas facultades. Si bien el allanamiento es la medida que "más suena" por su gravedad al implicar el ingreso a un domicilio particular, el proyecto también faculta el secuestro y el decomiso.
El proyecto actualmente se encuentra en la comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Deliberante, y luego pasará a Interpretación y finalmente a Transporte, antes de su tratamiento final. Pese a las "divergencias" y el proceso de análisis, López se mostró optimista. "Yo creo que ya se han pulido o se están trabajando algunas cuestiones que por allá eran más cuestionadas... y entendemos que pronto también va a salir y creo que vamos a tener la herramienta como para poder avanzar y regularizar, no pasen más cuestiones como que hemos vivido en el último tiempo", concluyó. La municipalidad se ha valido de experiencias de otros distritos donde la salubridad pública también se considera comprometida por este tipo de hechos.