La expresidenta planteó, a través de sus abogados, que quede claro este detalle, relacionado con la parte de la resolución judicial del lunes que le exige “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
“El partido judicial: lejos de la gente y cerca del poder económico, del poder político, del poder mediático, que actúa en función de la defensa de intereses que están distantes de ser los intereses de las mayorías”, fue una de las definiciones que el legislador de UxP formuló ante el micrófono de ECO TV. Rogelio Iparraguirre habló además de una “persecución sin precedentes” a la exmandataria lo atribuyó al hecho de que “siga habiendo sectores muy amplios de nuestro pueblo que ven en ella la posibilidad de reconstruir alguna esperanza”.
La activista LGBTA de la vecina localidad enfrentará un juicio por “daño agravado”, por participar de una pintada colectiva de un mural callejero preguntando “¿Dónde está Tehuel?”. En diálogo con El Eco de Tandil, la artista, trabajadora municipal y madre de tres hijos contó como este proceso afectó su salud mental y emocional y resaltó el riesgo que implica para toda la sociedad la criminalización de la protesta.
Además, dijo: "Me he sentido traicionado y extorsionado. Soy un adulto, padre y tengo que ser un ejemplo”.
El fallo destacó que dicho esquema afectaba la estabilidad emocional de los menores, especialmente de la hija adolescente que tiene síndrome de Down.
Rosenkantz continuará como vice. Carlos Maqueda, que este año dejará el tribunal por decisión del gobierno, propuso hacer la votación. Lorenzetti se abstuvo de votar.
La medida apuntó a "secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega" de la mercadería.
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De esta manera, el acusado deberá continuar en prisión hasta mayo de 2028 cuando termine su condena por pedofilia.
Así se desprende de un nuevo trabajo sobre Creencias Sociales 2024 del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyas principales conclusiones radican en que casi tres de cada cuatro argentinos consideran necesario aumentar las penas contra la inseguridad;
La semana pasada, la cartera intentó acusar al Poder Judicial de entrometerse en las delegaciones del Poder Ejecutivo.
Hay seis detenidos y un aparente caso de trata.
Patricia Bullrich adelantó que la discusión gira en torno a si se establece como límite "los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil".
